Opinion

¿Casa perdida, voto perdido?

¿Casa perdida, voto perdido?

José A. García es el director adjunto de investigación y política del Programa de Oportunidad Económica, y Scott Novakowski es el analista político mayor del Programa de Democracia de Demos, una organización apartidista de defensoría e investigación en materia de política pública con sede en la Ciudad de Nueva York. Escríbales por correo electrónico a: pmproj@progressive.org

La crisis hipotecaria no debe poner en riesgo los derechos electorales de más de 1 millón de familias estadounidenses.

Algunos republicanos han jugado con la posibilidad de utilizar las listas de embargo hipotecario para impedir que los electores acudan a las urnas. Por fortuna, ahora dicen que ya descartaron esos planes.

Sin embargo, es posible que muchos electores desalojados que aún no se registran en sus nuevos domicilios piensen que perdieron automáticamente su derecho al voto.

Esta confusión generalizada podría disuadir de presentarse a votar a muchos electores con plenos derechos.

Y el efecto será mucho mayor en las comunidades minoritarias y de escasos ingresos. La mayor parte de los créditos vencidos les fueron otorgados a solicitantes afroamericanos y latinos. En 2006, uno de cada dos préstamos hipotecarios otorgados a personas afroamericanas era dudoso, mientras que dos de cada cinco préstamos dudosos les fueron concedidos a latinos. Si a esa cifra le sumamos los arrendatarios que están siendo desalojados por incumplimiento del pago de su alquiler, el número de electores desplazados se va al cielo. A medida que crece la cartera de créditos hipotecarios vencidos, la desinformación y la intimidación en las casillas electorales pudiera ser un grave impedimento para que la gente históricamente desposeída ejerza su derecho al voto.

Los votantes desalojados que no han tenido la oportunidad de actualizar su registro pueden votar en sus casillas electorales anteriores. No obstante, las leyes electorales varían de un estado a otro y no todos las conocen. A menos de dos semanas de la elección, la protección de los derechos de estos votantes requiere la intervención inmediata de los funcionarios electorales mediante una campaña de orientación pública.Los funcionarios de cada estado deben brindar a sus ciudadanos información clara y precisa sobre las leyes estatales que regulan el derecho de voto cuando se cambia de domicilio. Además, deben advertir a los operadores políticos de los partidos que las listas de embargo inmobiliario no pueden ser utilizadas para coartar el derecho al voto.

Para colmo, algunas de las carteras vencidas más gordas del país se ubican en los estados con mayor votación indefinida. En agosto, más de 44,000 unidades habitacionales estaban en proceso de embargo en Florida por incumplimiento de los pagos hipotecarios y había más de 13,000 en Ohio. Y el número de personas desalojadas de casas individuales es mucho mayor.

La desinformación y los esfuerzos partidistas por coartar los derechos de las víctimas del embargo inmobiliario están minando la piedra angular de la democracia estadounidense: el derecho al voto.

A todos los electores legítimos debe permitírseles hacer oír su voz el Día de las Elecciones.

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