Opinion

La inmigración es un problema que no le incumbe a Sacramento

Menos de un año después de que la reforma migratoria integral fuera hecha jirones en el Senado de los Estados Unidos, los republicanos de la Legislatura de California están pensando equivocadamente que este asunto puede rendirles beneficios políticos si intentan forzar una enérgica ley contra la inmigración de indocumentados. Los autores de la propuesta legislativa — con cero probabilidades de ser aprobada como ley — dicen que en ésta se aborda el problema con “sentido común.” Sus opositores la consideran divisoria.

Una vez más, parece que cada vez que la economía se va al sur, algunos legisladores despistados empiezan a buscar al culpable en esa misma dirección. No tenemos que recordarles a los políticos lo que le pasó al ex Gobernador Pete Wilson cuando forzó la Propuesta 187 en un esfuerzo por reforzar su intento de reelección (él y la iniciativa antiinmigratoria ganaron, pero los republicanos se llevaron a los latinos a las casillas electorales en las elecciones siguientes).

Los legisladores republicanos volvieron hace poco a la misma página al dar a conocer 20 medidas que, según ellos, ayudarían al estado a ahorrar los $9,000 millones que se citaron en un estudio de 2004 como el costo de los residentes indocumentados. Pero por supuesto, apoyar en el Congreso una iniciativa para quitarle la ciudadanía a gente que va desde niños nacidos en los Estados Unidos hasta residentes indocumentados, no resolverá ninguna crisis fiscal. Tampoco lo hará el esfuerzo por lograr que la información electoral se imprima exclusivamente en inglés.

Pero ellos siguen insistiendo.

“En California viven cerca de 3 millones de inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera en busca de mejores condiciones de vida, pero al estar ilegalmente en el país y no pagar impuestos, generan un clima muy adverso para los trabajadores estadounidenses,” afirma en una declaración el Asambleísta Bob Huff, republicano de Diamond Bar.

Por fortuna, los republicanos son superados numéricamente en este asunto por el Gobernador Arnold Schwarzenegger y una mayoría demócrata. Incluso el gobernador, cuyos comentarios acerca de la integración desataron una lluvia de críticas en las comunidades de inmigrantes, salió en defensa de los indocumentados cuando le hicieron una pregunta sobre el presupuesto del estado durante una junta de cabildo en San Luis Obispo. “Se los puedo garantizar, he ocupado cuatro años el cargo en Sacramento y no creo que la inmigración ilegal haya sido la causa del lío en el que estamos,” respondió el gobernador a la pregunta que le hizo la madre de un Asambleísta republicano.

Indudablemente, la inmigración de indocumentados es un asunto que debe atenderse, pero le corresponde al gobierno federal resolver este problema en vez de permitir que estados, condados y municipios generen un mosaico de leyes que dañan la economía y no logran más que orillar a los inmigrantes indocumentados a refugiarse más profundamente en las sombras de la sociedad. Ya vimos lo que las medidas mal pensadas lograron en Hazleton, Pensilvania, y otras comunidades. Estas medidas tienen la convicción simplista de que, una vez sin inmigrantes indocumentados, la delincuencia desaparecerá, la economía prosperará, nuestra atención médica mejorará o que el país estará a salvo de ataques terroristas. Con ese tipo de lógica, cualquiera pensaría que si logramos expulsar de nuestro país hasta al último inmigrante indocumentado, estaremos más cerca del cielo.

La inmigración es un asunto complejo y nuestros legisladores estatales harían mejor si se unieran para enviar, al Congreso y al presidente, un mensaje en el que les exijan encontrar una solución realista, y no las ideas a medio cocer que los asambleístas republicanos están proponiendo.

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