Sacramento

Grupo busca medida antiinmigrante

SACRAMENTO -- Una nueva medida antiinmigrante en California busca deportar a inmigrantes indocumentados al momento que éstos pidan estampillas para comida o usen servicios médicos del sistema MediCal.

Esta propuesta fue presentada la semana pasada por un grupo de líderes republicanos del sur de California y hasta el momento ya se encuentran en plena recolección de firmas para lograr ponerla en la boleta de las próximas elecciones.

"De una vez por todas es tiempo de acabar con el problema de la inmigración indocumentada en California es por eso que ya nos encontramos haciendo trabajo para convencer a los contribuyentes del estado para que apoyen nuestra medida," dijo Tirso de Junco, quien fuera el presidente del Partido Republicano en California en la década de los años ochenta.

Del Junco, originario de Cuba, decidió formar este grupo de activistas quienes crearon el llamado Taxpayer Protection Act of 2012, con la cual básicamente pretenden acabar con la inmigración indocumentada detectando a personas sin documentos a través de agencias públicas del gobierno.

Además la medida busca que los empleados de CalWorks tengan el permiso para verificar el estatus migratorio de las personas y en caso de no ser residentes o ciudadanos deportarlos a las autoridades migratorias.

Igualmente se busca acabar con las llamadas 'ciudades santuario', apoyar al programa Comunidades Seguras, enforzar la ley 287g y cooperar con las autoridades estatales y federales para acabar con los inmigrantes indocumentados.

Se plantea también que las licencias de conducir sean otorgadas solamente a residentes legales y ciudadanos y si una mujer da a luz en un hospital público y es indocumentada debe de ser reportada a las autoridades de inmigración.

De acuerdo al Departamento de Salud de California en los últimos dos años un total de 107,000 mujeres indocumentadas dieron a luz en California utilizando el sistema MediCal, lo que representa el 40 por ciento de los fondos públicos del estado.

"Considerando la situación económica actual del estado esto es inaudito. El estado no puede y no debe seguir pagando los servicios de personas que sólo se aprovechan para sacar ventaja de nuestros recursos. Esto es lo que necesitamos parar ahora," dijo Ted Hilton, activista republicano de Los Ángeles.

En el 2009, Hilton ya había propuesto una medida muy similiar pero no pudo obtener las suficientes firmas para lograr poner la medida en la boleta de votaciones.

Para poder agregar esta nueva iniciativa a la boleta de elecciones, el grupo de activistas necesitan 500,000.

Por su parte, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes se mostraron un poco temerosos ante esta posible nueva propuesta pero aseguraron que confían en que no prosperará.

"La experiencia nos ha dicho que este tipo de medidas no tienen cabida en nuestro estado, ya lo vimos con la proposición 187, pero lo que sí nos preocupa es que estos cada vez se ve más a nivel nacional en otros estados como Arizona o Alabama," dijo Joseph Villela, defensor de politíca pública de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

Agregó que con las propuestas similares que se han presentado antes, las cortes han dejado bien claro que en California estas medidas son inconstitucionales y por lo tanto siempre fracasarán.

"Estas personas no aportan una solución al problema; el deportar a la gente no es una solución, es sólo un remedio temporal. Lo que se necesita es seguir apoyando para que el Congreso apruebe de una vez por todas hacer un cambio al fracturado sistema migratorio que tenemos en el país," dijo Villela.

Mande correo electrónico a: mmartinez@vidaenelvalle.com

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