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¿Te vigila ICE? Dice ACLU que la Policía en California está compartiendo información de placas vehiculares con agentes.

ICE make arrests at Fresno County Court

Immigration and Customs Enforcement agents began making arrests in mid-July 2018 at the Fresno County Superior Court, prompting concerns over violations of the individuals' due process.
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Immigration and Customs Enforcement agents began making arrests in mid-July 2018 at the Fresno County Superior Court, prompting concerns over violations of the individuals' due process.

Docenas de agencias representantes de la ley a nivel nacional – incluyendo algunas agencias en el Valle – están compartiendo información de licencias vehiculares con Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos como parte de una operación que tiene como blanco a los inmigrantes indocumentados, según documentos publicados por el Sindicato Americano de Libertades Civiles (ACLU).

Los documentos, que fueron obtenidos por el ACLU del Norte de California a través de una demanda legal basada en la Ley de Libertad de Información, hace surgir preguntas sobre si la cooperación de las agencias con ICE viola las leyes de los estados.

El Departamento de Policía de Tulare, el Departamento de Policía de Merced, el Departamento del Alguacil del Condado de Stanislaus, el Departamento de Policía de Manteca, y la Oficina del Alguacil de San Luis Obispo, están entre las 80 agencias a nivel nacional que estuvieron de acuerdo con compartir información con ICE, según muestran los documentos.

Pero por lo menos una de las agencias de ley en el Valle Central dijo que no está compartiendo tales datos con ICE.

Vasudha Talla, abogada de ACLU en el Norte de California, dijo que ACLU entregó una petición basada en la Ley de Libertad de Información para obtener documentos de ICE en marzo de 2018. Pero después de que la agencia de inmigración federal no le respondió, la organización inició una demanda legal en mayo de 2018.

Talla dijo que el ACLU se preocupó por el acceso que ICE tuviera a información de placas vehiculares, y creyó que sería importante litigar para conseguir los datos en un periodo de tiempo apropiado.

Los datos revelaron una gran cantidad de agentes de ICE que han tenido acceso a tal información, la lista de las agencias de ley que comparten información con ICE y los mensajes electrónicos internos de un oficial del Condado de Orange que informalmente comparte información con agentes de inmigración federal, dijo ella.

“California tiene leyes que prohíben compartir este tipo de información,” dijo ella. “Es una invasión a la privacidad de todos los residentes del Valle Central.”

El vocero de ICE Matthew Bourke, confirmó en una larga declaración que la agencia inició un contrato en diciembre de 2017 para obtener acceso a la base de datos del lector de placas vehiculares comerciales. Él dijo que la agencia usa la información de los lectores de placas vehiculares como “una herramienta en apoyo a sus investigaciones,” igual que la mayoría de las agencias de ley.

En marzo de 2015, ICE desarrollo una evaluación sobre el impacto a la privacidad por el uso de tecnología, para asegurar que se cumplía con los requisitos de libertades civiles y de privacidad. La evaluación fue actualizada en diciembre de 2017, antes de que la agencia tuviera acceso a la base de datos.

“ICE no usa el servicio de datos (del lector de placas vehiculares) para localizar o rastrear a individuos que no tienen conexión con las actividades de investigación o para poner en vigor las leyes de ICE,” dijo él.

Preocupaciones de privacidad

La información que se reúne y se comparte provee “detalles íntimos” sobre un individuo, dijo Talla.

Además de que ICE puede obtener la información de agencias de ley locales, los agentes de inmigración federal también tienen acceso a una masiva base de datos del lector de placas vehiculares por medio de un contrato privado, de acuerdo a ACLU.

Más de 9,000 agentes de ICE tienen acceso a una vasta base de datos del lector automatizado de placas vehiculares que es manejado por una compañía de nombre Vigilant Solutions.

ICE tiene acceso a más de 5 billones de lecturas de ubicación de placas vehiculares por medio de la base de datos de Vigilant.

El contrato de ICE para tener acceso a los datos empezó el 21 de diciembre de 2017, y sigue hasta el 30 de septiembre de 2020 con un costo aproximado de casi $6.1 millones, según muestran los datos.

Las cámaras que leen la información de las placas vehiculares pueden estar en comunidades enteras, montadas en anuncios de caminos, en patrullas, en estacionamientos y en puentes. Con el tiempo, la información acumulada puede establecer patrones de la vida de una persona.

Talla dice que este tipo de vigilancia aumentan las preocupaciones por la privacidad y con esta práctica, “hay una gran cantidad” de asuntos relacionados con la libertad.

La vigilancia puede revelar “en dónde se encuentra la persona en cualquier momento con exactitud de minuto,” dijo Talla. “Creemos que todo esto está sucediendo bajo el radar,” dijo ella.

Ciudad niega alegatos de ACLU

El Sargento Joe Ahuna, del Departamento de Policía de Manteca, dijo que su agencia no está compartiendo información de placas vehiculares con ICE.

Después de recibir preguntas de los medios, Ahuna dijo que habló con Vigilant y descubrió que ICE, por estándar, estaba incluida como una agencia con la que el Departamento de Policía de Manteca compartiría información con el sistema.

Sin embargo, él dijo que la ciudad no tiene equipo de lectura de placas vehiculares en la comunidad, y que, por ello, no está ni reuniendo ni compartiendo información con ICE.

“Nada se ha entregado de nuestra parte para que se comparta con más delante,” dijo él. “Porque no estamos reuniendo ni transmitiendo ninguna información, yo no creo que alguien haya estado prestando atención de la lista.”

Ahuna dijo el miércoles que ICE fue eliminado de la lista después de que se dirigió la atención del departamento al asunto.

“Esto es obviamente un asunto muy preocupante para todos en el estado,” dijo él.

Matt Machado, del Departamento de Policía de Tulare, dijo que su departamento tendría que leer el récord y comunicarse con Vigilant para poder contestar preguntas.

El Administrador de la Ciudad de Merced, Steve Carrigan, dijo en una declaración a The Bee, que los funcionarios estaban revisando la información que recibieron de ACLU el miércoles.

“Nuestra revisión de la información se hará siguiendo nuestras políticas y procedimientos actuales,” dijo él. “Esperamos reunirnos con representantes de ACLU para hablar sobre este asunto en cuanto hayamos completado nuestra revisión.”

Tony Cipolla, vocero de la Oficina del Alguacil del Condado de San Luis Obispo, dijo que la oficina del alguacil nunca ha compartido información del lector de placas vehiculares con ICE. La oficina del alguacil, dijo él, actualmente tiene un lector de placas vehiculares en uso con el propósito de detener el tráfico humano y de drogas en el condado.

“Actualmente suspendimos el uso de ese sistema hasta que se haya una consulta con los Abogados del Condado en cuanto a la legalidad de los datos que se han recolectado y se han compartido de los lectores de placas vehiculares,” dijo él en una declaración a The Bee.

Talla dijo que ACLU está pidiendo que se termine la vigilancia y se haga una investigación en cumplimiento al Proyecto de Ley del Senado 34, que tiene que ver con los sistemas automatizados de reconocimiento de placas vehiculares, y el Proyecto de Ley del Senado 54, la Ley Santuario del estado.

El ACLU cree que la práctica viola ambas leyes, pero aún más específicamente, el Proyecto de Ley del Senado 34, dijo Talla. “Estamos pidiendo que las agencias de ley de California… dejen de compartir datos con ICE,” dijo ella.

Los funcionarios de Stanislaus no regresaron las llamadas en solicitud de comentarios el miércoles pasado.

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