Texas se dispone a ejecutar el miércoles en Huntsville a su condenado a muerte número 500 desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos, en 1976, un récord en un país donde ese castigo tiene sin embargo tendencia a retroceder.
Salvo una postergación de último minuto, Kimberly McCarthy, una mujer negra de 52 años, será ejecutada por inyección letal en “Walls Unit”, la prisión de ladrillos rojos erigida en pleno centro de Huntsville.
En esta bonita ciudad de Texas, el tiempo se acabará definitivamente hacia las 18H00 locales (23H00 GMT) para esta ex drogadicta condenada por la muerte violenta de una anciana en 1997 durante un robo ocurrido en el condado de Dallas.
Si la ejecución es confirmada, los militantes abolicionistas prevén una gran manifestación en las afueras de la prisión, construida hace más de un siglo.
Sobre las 1,336 ejecuciones producidas en Estados Unidos desde 1976, este estado sureño, donde la pena de muerte comenzó a ser nuevamente aplicada en 1982, concentra más de un tercio.
“Nos limitamos a aplicar las resoluciones de la justicia”, dijo a la AFP Jason Clark, portavoz del departamento de Justicia de Texas, cuya sede está en Huntsville.
“Prevemos que el número de ejecuciones en Estados Unidos vuelva a bajar este año y que las condenas también sigan disminuyendo”, señaló por su lado Richard Dieter, director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), que toma cuenta de cada ejecución y ajusta las estadísticas.
La ejecución del miércoles, si llega a tener lugar, será la décimoséptima en los seis primeros meses del año a escala nacional, contra 43 en 2012 y 2011, y 71, el récord, en 2002. Unos 3,125 detenidos permanecen en los corredores de la muerte esperando el cumplimiento de la sentencia.
Los tribunales estadounidenses optan cada vez menos por el castigo capital (75% menos de sentencias a muerte que en los años 90). El año pasado las condenas totalizaron 78.
Los negros, que constituyen 12% de la población carcelaria, representan el 35% de los ejecutados y el 42% de los condenados a muerte, señala Dieter.
Algunos de los 32 estados (sobre los 50 de la Unión) que aplican la pena capital, como California, mantienen a un número muy elevado de reos en los corredores de la muerte pero ya no ejecutan. Son estados que “se están preparando para desembarazarse de la pena de muerte”, como ya lo han hecho otros 18 y la capital federal, apunta Dieter.
“Si bien por el número de ejecuciones, de condenas y de estados la pena de muerte está en decadencia, no lo está en cuanto al respaldo popular de que goza”, observa Robert Blecker, profesor en la escuela de derecho de Nueva York y partidario de este castigo.
Los sondeos de opinión muestran un apoyo “mas bien constante” de los estadounidenses a la pena de muerte, entre 60 y 65% de opiniones favorables, “que va más allá de las divisiones partidistas”, comenta este analista, para quien la tendencia va a mantenerse en función de la ocurrencia de “crímenes odiosos” como la matanza de la escuela de Newtown (26 muertes) o el doble atentado de Boston (3 muertos y 264 heridos).
Los abolicionistas ven, por el contrario “una luz al final del túnel” en el activismo que han asumido algunos de los 142 condenados a muerte perdonados que se convirtieron en “embajadores del cambio”.
Por otra parte, el costo de una ejecución, y de todos los procedimientos judiciales que la preceden, es muy superior al de la cadena perpetua, subraya Dennis Longmire, profesor abolicionista de la universidad de Huntsville.
Según el DPIC, una ejecución cuesta alrededor de 3 millones de dólares, mientras el costo de encerrar a alguien durante el resto de su vida es de un millón de dólares.
La inyección letal es el método de ejecución que ha sido adoptado por todos los estados, luego de abandonar la horca y la silla eléctrica.
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