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Ex militar guatemalteco admite que mintió sobre masacre

Gilberto Jordán, ex militar guatemalteco que perteneció a una unidad de fuerzas especiales conocidas como Los Kaibiles, admitió en un tribunal federal de Fort Lauderdale que mintió en su petición de ciudadanía porque no reveló su participación en una masacre en el país centroamericano en 1982, que dejó un saldo de por lo menos 251 muertos, hombres, mujeres y niños.

Minutos después de que Jordán, de 54 años, se declaró culpable, el juez federal William J. Zloch le dijo que era un peligro para la comunidad, revocándole una fianza de $100,000 y advirtiéndole que el tribunal le retiraría la ciudadanía y que posiblemente ordene su deportación a Guatemala.

Al finalizar la audiencia, dos alguaciles federales se acercaron a Jordán, le ordenaron quitarse el cinturón, le registraron los bolsillos del pantalón y la camisa y lo sacaron del tribunal por una puerta trasera.

La dramática escena en la sala A en el segundo piso del edificio del tribunal federal de Fort Lauderdale cerró un capítulo de una de las peores masacres en la historia de Guatemala: el asesinato de 251 víctimas en diciembre de 1982 en el pueblo Dos Erres, en el marco de una prolongada guerra civil.

Durante un interrogatorio realizado por agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) antes de su arresto, Jordán admitió que una de sus primeras víctimas fue un bebé. Una declaración jurada del ICE presentada ante el tribunal afirma que Jordán ‘‘admitió que tiró un bebé a un pozo y participó en el asesinato de personas en Dos Erres, así como el traslado de estas al pozo donde las mataron''.

Durante la sesión de una hora en el tribunal, el juez Zloch leyó partes del encausamiento y de la declaración jurada del ICE, haciendo énfasis en un párrafo que describe en detalle cómo las víctimas fueron asesinadas después de que miembros de Los Kaibiles las interrogaron.

"Durante el interrogatorio, la patrulla especial procedió a matar sistemáticamente a los civiles, hombres, mujeres y niños en Dos Erres, usando, entre otros métodos, golpes a la cabeza con un martillo y luego empujándolos al pozo del pueblo'', leyó el juez de la declaración jurada. "Miembros de la patrulla especial también violaron a muchas mujeres y jovencitas en Dos Erres antes de matarlas''.

El párrafo evidentemente le causó impacto a Zloch porque momentos después, cuando el juez mostró sorpresa de que Jordán estaba libre bajo fianza, preguntó a las fiscales federales y la abogada defensora cuántas atrocidades más tendría que cometer Jordán antes que le considerase un peligro para la comunidad.

"Cuántas cabezas más tendrá que machacar?" preguntó el juez Zloch, mirando a las fiscales y la abogada defensora. "Cuántas más mujeres tendrán que ser violadas? ¿Cuántas?"

El juez Zloch entonces declaró contundentemente a Jordán, después que se declaró culpable, de ser "como el autor de una matanza masiva''.

Las fiscales dijeron que el gobierno originalmente accedió a la fianza porque esperaban la "cooperación'' de Jordán en el caso. Pero el miércoles las fiscales solicitaron al juez que revocara la fianza y que pusiera al acusado bajo custodia de inmediato.

La abogada de Jordán, Robin Cindy Rosen-Evans, de la oficina de defensores federales públicos, objetó la decisión del juez, apuntando que su cliente no era un peligro para la comunidad, que no trataría de escapar y que había cumplido todas las condiciones y restricciones de la fianza.

Zloch entonces hizo una pausa de 5 o 10 minutos, mientras leía un documento y decidía qué hacer. Luego anunció su decisión: "Voy a revocar la fianza debido a la naturaleza y las circunstancias que trajeron al señor Jordán ante nosotros. Fallo que es un peligro para la comunidad''.

La decisión del juez pareció un cierre apropiado para un caso que reavivó los recuerdos sobre uno de los conflictos más sangrientos en América Latina, la guerra civil en Guatemala, entre fuerzas derechistas militares y paramilitares apoyadas por Estados Unidos y guerrilleros de izquierda apoyados por Cuba.

Las masacres y otras atrocidades y violaciones de derechos humanos son parte del legado del conflicto guatemalteco, que duró más de tres décadas y dejó más de 200,000 muertos.

Una de las peores masacres fue la que ocurrió durante tres días en Dos Erres, una población en la selva del noreste de Guatemala, conocida de esa manera en honor de los apellidos de los dos fundadores cuyos apellidos comenzaban con la letra R: Federico Ruano y Marcos Reyes.

La tragedia comenzó cuando los guerrilleros emboscaron un destacamento militar, mataron a varios soldados y les robaron las armas, cerca de Dos Erres.

El Ejército guatemalteco respondió despachando a la región a varios miembros de Los Kaibiles, una unidad de fuerzas especiales. Jordán reconoció el miércoles en el tribunal que fue uno de los militares que entró en Dos Erres.

Los soldados fueron casa por casa, llevándose a mujeres y niños a una iglesia y a los hombres a una escuela.

Luego mataron a los niños y los adultos golpeándolos en la cabeza, tirándolos vivos al pozo del pueblo, o ultimándolos a balazos, según algunos sobrevivientes. Finalmente, cuando los soldados se preparaban para partir, mataron a más personas. Los cadáveres fueron echados al pozo, mientras que los cuerpos de las víctimas asesinadas en las afueras del poblado quedaron al lado de la carretera o en matorrales cercanos.

En algún momento en los años 80, cuando la guerra todavía no había acabado, Jordán viajó a Estados Unidos.

Precisamente cómo entró no se sabe a ciencia cierta. Pero al final se quedó como inmigrante ilegal y se dedicó a trabajar en el campo en California. Luego recibió la residencia permanente gracias a una amnistía migratoria durante el gobierno del presidente Ronald Reagan en 1986.

Pocos años después, Jordán se mudó al sur de la Florida, donde compró una casa en Delray Beach en el 2000. Fue cocinero y chef en un elegante club campestre en el Condado de Palm Beach.

En 1996, Jordán solicitó la ciudadanía y presentó la petición en la oficina de inmigración en Palm Beach Gardens.

El miércoles el juez Zloch le informó a Jordán que podría ser sentenciado a un máximo de 10 años en una penitenciaría y una multa de hasta $250,000.

Jordán no tuvo ninguna reacción evidente. Respondió a las preguntas del juez con un terso "Sí, señor'' o "No, señor''. Alto y de cabello cano, Jordán se mantuvo erguido frente al juez, con los audífonos de la intérprete sobre los oídos.

Jordán llegó al edificio del tribunal con una mujer, que se sentó detrás de él durante la audiencia, y bajó la cabeza y cerró los ojos cuando el juez leyó partes del encausamiento y la declaración jurada. Pareció llorar en silencio después de que los alguaciles se llevaron a Jordán. La mujer y la abogada de Jordán declinaron comentar luego de la audiencia.

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