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Sanciones contra BP no tocarían a directivos

El secretario de Justicia Eric Holder prometió una dura investigación penal de BP y de sus contratistas por las acciones que llevaron al masivo derrame petrolero en el Golfo de México, el peor desastre ecológico en la historia de Estados Unidos.

Pero si la historia nos enseña algo, no esperen ver preso al director general de BP.

A través de los años, el Departamento de Justicia ha hecho encausamientos penales por grandes accidentes ecológicos, desde el derrame del Exxon Valdez en 1989 hasta el accidente nuclear de Three Miles Island diez años antes. Pero en la mayoría de los casos, los cargos penales han recaído fundamentalmente sobre las compañías implicadas mientras que los ejecutivos corporativos típicamente han escapado sin castigo.

Sin embargo, si las compañías responsables por el derrame del Golfo son encausadas y convictas pueden esperar millones de dólares en sanciones penales - además de las sanciones civiles - y hasta su eliminación de los contratos gubernamentales, según consideran los expertos.

"Los estatutos federales les dan [a los fiscales] muchos instrumentos y mucha flexibilidad para este tipo de catástrofe'', dijo Ronald Sarachan, que encabezaba la sección de delitos ecológicos del Departamento de Justicia en los años 90.

Pero los expertos también subrayan que el derrame del Golfo es distinto a cualquier otro en el pasado, mayor en su escala - amenazando las costas de por lo menos cuatro estados y probablemente contaminando durante meses - y en la extensión de los daños causados. Dados estos factores, el Departamento de Justicia pudiera presionar para responsabilizar a individuos.

"Si encontramos pruebas de comportamiento ilegal, nuestra respuesta va a ser fuerte'', dijo el secretario de Justicia en una conferencia de prensa en Louisiana la semana pasada. "Todo va a estar sobre la mesa''.

Es probable que los investigadores traten de determinar si BP o algunos de sus contratistas sometieron falsa información al gobierno, fuera en los permisos para perforar o en los documentos de seguridad, dijo Sarachan.

Fiscales federales siguieron un camino similar tras el accidente en la planta nuclear de Three Miles Island en Pennsilvania en 1979. La empresa que operaba la planta, Metropolitan Edison Corp., fue acusada de 11 delitos, incluyendo conteos por presuntamente falsificar expedientes de seguridad y destruir otros en los meses antes del accidente.

La compañía se declaró culpable de un cargo. Ningún individuo fue acusado.

Desde el derrame del Golfo, grupos ecologistas y otros críticos han acusado a BP de engañar al Departamento del Interior en un plan de respuesta a los derrames presentado hace dos años con los permisos para perforar.

En el plan, BP dijo estar preparada para controlar un derrame 10 veces mayor que el que ha contaminado el Golfo desde Louisiana hasta el Panhandle de la Florida desde hace casi siete semanas.

Un vocero de BP no respondió una solicitud de comentario para este artículo. Los fiscales también determinarán si las compañías petroleras violaron las provisiones penales de las leyes ecológicas, como la Ley de Agua Limpia y la Ley del Tratado de Aves Migratorias, dijo Holder en una conferencia de prensa la semana pasada.

Bajo la Ley de Agua Limpia, una compañía puede ser acusada de una contravención por conducta negligente, o de un delito si hay pruebas de que la compañía, a sabiendas, tuvo una conducta que arriesgaba lesiones, dijo Robin Greenwald, también un antiguo fiscal ecológico del Departamento de Justicia.

Una investigación de ese tipo giraría sobre si empleados de BP o de sus contratistas, Transocean y Halliburton, aprobaron métodos arriesgados para extraer una perforadora del pozo submarino, sabiendo que tales métodos pudieran lesionar a los que trabajaran en la plataforma del Deepwater Horizon, dijo Greenwald. Once personas murieron el 20 de abril cuando la explosión de la plataforma provocó el derrame.

Esos cargos pudieran aplicar tanto contra ambas compañías como contra individuos. Pero, en la práctica, es más probable que los fiscales sólo planteen casos sobre las corporaciones y no sobre sus ejecutivos o empleados.

La razón es que frecuentemente es difícil probar que los funcionarios corporativos tienen conocimiento específico de una conducta impropia y el poder de prevenir la actividad ilegal, los dos elementos claves que hacen falta para acusar a los ejecutivos no implicados personalmente en la conducta ilegal.

"Con una gran corporación, es difícil precisar qué personas toman esas decisiones'', dijo Greenwald.

El choque del tanquero Exxon Valdez de 1989 - que derramó 11 millones de galones de petróleo en Prince William Sound en Alaska - fue el insólito caso donde un individuo fue declarado responsable. El capitán del barco, Joseph Hazelwood, fue acusado de embriaguez y conducta temeraria, no por las autoridades federales sino por los fiscales estatales.

En fin de cuentas, Hazelwood, que había estado bebiendo antes del choque pero que no estaba piloteando el barco en el momento del accidente, fue declarado inocente de todos los cargos.

Los casos penales que

implican acusados corporativos rara vez van a juicio, y típicamente terminan en acuerdos negociados para multas y probatoria. Los cargos penales pueden ser instrumentos útiles para persuadir a las compañías de no violar la ley en el futuro, dijo Sarachan.

"Obviamente, no se puede poner el sello corporativo en la cárcel'', dijo. "Pero a las corporaciones realmente les preocupa su reputación''.

La reputación de BP ya estaba afectada por cargos penales mucho antes del derrame del Golfo.

En 1999, la compañía exploradora de BP se declaró culpable de un cargo de delito por haber descargado ilegalmente material peligroso en la Vertiente Norte de Alaska, y tuvo que pagar $22 millones en multas penales y civiles.

Ocho años después, BP se declaró culpable de una violación delictiva de la Ley de Aire Limpio y tuvo que pagar una multa de $50 millones tras la explosión de una refinería de Texas que costó la vida de 15 personas y lesionó a otras 170. Ese mismo año, BP también se declaró culpable de una contravención de la Ley de Agua Limpia por un derrame petrolero en la Vertiente Norte de Alaska, teniendo que pagar otra multa de $12 millones.

Es probable que ahora las multas sean mucho más grandes, afirman los expertos.

La magnitud de las multas penales por delitos ecológicos son difíciles de predecir porque no están gobernadas por las orientaciones de sentencia federales. De esta forma, las multas penales difieren de las multas civiles que se cobran bajo la Ley de Agua Limpia, que pueden llegar a los $1,000 diarios por cada barril derramado.

Exxon (ahora ExxonMobil) pagó una multa récord de $125 millones como parte de una declaración de culpabilidad por cuatro contravenciones por el derrame del Valdez. Pero esa multa fue mucho menor que los $900 millones en multas civiles y costos de limpieza que Exxon tuvo que pagarle al gobierno. Más allá de las multas, BP pudiera afrontar una sanción todavía mayor: su eliminación de futuros contratos gubernamentales.

Greenwald dijo que esto pudiera impedirle a la compañía no sólo venderle sus productos al gobierno sino conseguir derechos federales de arrendamiento en el Golfo. Según la organización noticiosa ProPublica, la Agencia deProtección Ambiental estaba considerando proceder de esta forma contra BP aun antes del derrame del 20 de abril en el Golfo. "Este tipo de medidas hacen que la industria se diga, ‘Tenemos que evitar esto''', dijo Greenwald.

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