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Mujeres del sur de Florida viven drama de violencia doméstica

Su marido la arrastró por el pelo. La empujó y la llamó prostituta. La tiró a la cama y la violó.

Pero Leticia Medrano no lo denunció ante las autoridades de Homestead. Como incontables inmigrantes sin papeles en Estados Unidos, temía más las consecuencias de acudir a la policía que cualquier abuso de su marido.

"Me decía: ‘Si tú vas a la policía, lo único que van hacer es aventarte pa'tras' '', afirmó Medrano, de 35 años. "Y pensé que a lo mejor sí es como él dice''.

Sobran razones por las cuáles las víctimas de la violencia doméstica son reacias a informar a la policía. Pero para aquellas que también son inmigrantes indocumentadas, las amenazas del abusador cobran un peso extraordinario.

Aunque el gobierno federal ofrece protección especial para estos casos, muchas víctimas mantienen el silencio por temor a la "migra'', al que dirá la gente, y al impacto de su rebeldía sobre los hijos que dejaron al otro lado de la frontera.

"En mi mente decía yo que lo iba dejar pero a la misma vez me ponía a pensar en mis hijos'', afirmó Medrano, quien emigró ilegalmente hace 10 años para limpiar casas, cosechar tomates y enviar dólares a su familia en San Luis Potosí. "Me chantajeaba con los niños en México, que me los iba a quitar''.

Historias como la de Medrano abundan en el sur del condado de Miami-Dade, donde vive una gran concentración de inmigrantes que trabajan ilegalmente en los proyectos de construcción, huertas y viveros de la región.

Más de 11,000 casos de violencia doméstica se reportaron en el condado el año pasado, desde acoso hasta homicidios, según un informe del Departamento de Policía de la Florida.

La situación parece más grave en Homestead y Florida City, que se cuentan entre las ciudades con los mayores índices de violencia doméstica del condado, de acuerdo con un análisis hecho por El Nuevo Herald.

"Las personas vienen todavía con los pensamientos de sus países de que las mujeres tienen que estar sometidas a los hombres'', apuntó Levis Torres, quien trabaja con comunidades hispanas y mayas para WeCount!, una organización que ayuda a los inmigrantes en Homestead. "Pero cuando vienen aquí, se dan cuenta de que las mujeres tienen más libertad. Ahí empieza el choque''.

Al nivel estatal, se reportó un promedio de 4.5 casos de violencia doméstica por cada 1,000 habitantes. Pero en Homestead y Florida City hay 10 y 27 casos por cada 1,000 habitantes, respectivamente.

La cifra de los casos no reportados también pudiera ser enorme. Pero muchos indocumentados no acuden a las autoridades locales por temor a ser denunciados a las agencias federales de inmigración.

"Tenemos siempre que estar educando a la comunidad acerca de que nuestro departamento no impone la ley migratoria, especialmente cuando se trata de víctimas de violencia doméstica'', declaró el capitán Kevin Kent, del Departamento de Policía de Homestead. "Pero toda esa cosa de la nueva ley migratoria en Arizona mete más miedo en sus corazones''.

No es el único miedo.

Muchas víctimas no acusan a sus parejas porque no saben si pueden sobrevivir económicamente solas.

"Muchas de estas mujeres dependen 100 por ciento del hombre'', comentó Mercedes Lorduy, abogada del Centro de Apoyo al Inmigrante de Florida, cuyos clientes son víctimas de la violencia doméstica en el área de Homestead, Florida City y los Everglades.

"No saben qué va pasar y se preguntan cómo pueden sobrevivir si él va a la cárcel'', añadió. "¿Cómo van a sobrevivir si lo deportan?"

Los rumores corren rápidamente por las comunidades de Homestead, desde las tiendas del centro donde se cambian cheques y venden tarjetas telefónicas hasta los viveros donde se puede escuchar el canto de los gallos. Se murmura sobre dónde está escondida la ‘‘migra'', cuáles patrones abusan de sus trabajadores y también de aquellos casos que se desentrañan en un pequeño despacho cerca del South Dixie Highway.

Es aquí donde Lorduy ayuda a las víctimas a aplicar para un permiso de trabajo muy poco conocido, la Visa U.

"Historia tras historia es la misma cosa'', afirmó Lorduy, una peruana-colombiana. ‘‘Crecieron con la violencia doméstica en casa. Es algo muy normal para ellas''.

Así, por ejemplo, fue para Lili Longines, quien de niña miraba cómo su padre golpeaba a su madre en su casa en Tampico, México.

Años después, Longines siguió a su novio hasta Homestead donde vivieron ilegal e infelizmente. Una noche, contó, el hombre la golpeó tan fuerte que le dejó hematomas en los brazos, pecho y piernas, el ojo izquierdo morado y la boca rota.

Aunque era una víctima, le daba vergüenza decirle a su madre lo que le había pasado, confesó Longines, de 27 años.

"Cuando le conté a mi mamá, me preguntó por qué no iba a regresar con él, que si quería que creciera mi hijo sin papá'', recordó Longines, que ahora vive sola con su hijo en un apartamento en Florida City.

El caso de Longines es uno de los cientos que Lorduy mantiene en tres archivos en un rincón de su oficina. Dos archivos son para los casos cerrados, uno para los que siguen abiertos.

Entre más de 100 casos cerrados está el de Medrano, una mujer con tez cobriza que dejó a dos hijos con su familia en San Luis Potosí para buscar trabajo ilegalmente en Estados Unidos.

Según Medrano, era rara la vez que su marido la maltrataba en México. No le parecía gran cosa. Pero lo que sí le dolía era que él no contribuía económicamente al hogar. Gastaba sus pocos pesos en cerveza y mujeres.

"Mi intención era sacar a mis hijos adelante y que ellos estudiaran'', afirmó Medrano, que dejó la escuela a los 12 años para limpiar casas.

Una hermana en Louisiana la ayudó con los gastos para el viaje ilegal a Estados Unidos hace 10 años. Cruzó la frontera una noche dentro la cabina de un camión, agachada detrás del asiento del chofer. Su hermana la esperó en Dallas y le buscó un trabajo de limpieza.

Su esposo no tardó en seguirla. Vinieron a vivir con unos parientes en Homestead, donde él comenzó a trabajar como albañil y ella en un vivero. Las cosas parecían que estaban mejorando, dijo Medrano, hasta que se embarazó con su tercer hijo.

El ciclo de violencia empezó otra vez.

"Seguía con lo de antes, empujándome. Aventándome. Me decía cosas'', relató Medrano. ‘‘No sé como decirlo. Me humillaba... Me obligaba tener relaciones con él y me decía, ‘¿Quién te va creer, si tú eres mi esposa?' ''

Lo quería dejar, pero la amenazaba con quitarle a los dos hijos que quedaron en México. Al igual que otras muchas mujeres, no se atrevió a ir a la policía.

"Uno no sabe cómo los abusadores han amenazado a las víctimas'', dijo Debbie Lyew, quien administra SOS, una iniciativa de servicios humanos del Departamento de Policía de Homestead. " ‘Te mato a ti. Mato a los hijos' [son algunas de las amenazas]. Nuestro reto más grande es convencer a las víctimas de que hay ayuda''.

Existen modos de obtener ayuda.

En octubre del 2000, el Congreso aprobó una ley migratoria para proteger a las víctimas de delitos que cooperan con investigaciones policíacas. La idea era terminar con el silencio dentro las comunidades de indocumentados que temen reportar los delitos a las autoridades. Varios años pasaron antes de que las agencias federales llegaran a un acuerdo para regular la Visa U.

Ahora, las autoridades migratorias pueden otorgar hasta 10,000 Visas U anualmente a víctimas de determinados delitos (ver lista). Las visas tienen una duración de cuatro años. Mientras tanto, los solicitantes pueden aplicar para su residencia y pedir visas a su vez para hijos y parientes.

En el año fiscal del 2009, el gobierno federal concedió 5,825 Visas U, la mayor parte a víctimas de violencia doméstica, según Ana Santiago, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en Miami. Durante los primeros cuatro meses de este año fiscal, se concedieron 4,987 Visas U.

Otros 6,528 casos siguen pendientes. Las estadísticas no se desglosan geográficamente, explicó Santiago.

Los solicitantes de estas visas necesitan incluir un reporte oficial certificando su cooperación con las autoridades.

Parte del trabajo de Lorduy es educar a la comunidad sobre sus derechos. No era fácil cuando comenzó hace tres años.

"Nadie sabía lo que estábamos haciendo y tenían miedo de que fuéramos a irnos luego'', dijo. "Tomó bastante tiempo. Los clientes empezaron a llegar cuando escuchaban que le había ayudado a ‘Fulana', y preguntaban si ahora les podía ayudar a ellas''.

Parte de la aplicación para la Visa U es un testimonio escrito de la víctima acerca de sus sufrimientos.

Para algunas clientes, dijo Lorduy, esa es la parte más difícil. Hubo una mujer que tardó nueve meses para escribir su testimonio. Otra escribió más de 60 páginas.

"Lloro con mis clientes'', confesó Lorduy. "Pero el testimonio les sirve como una catarsis''.

Fue por casualidad que Medrano se dio cuenta de que existía la Visa U. Nunca se había imaginado que pudiera ver el fin de su vida en las sombras como inmigrante indocumentada.

Su caso llamó finalmente la atención de las autoridades una tarde del verano del 2003, cuando su marido la golpeó salvajemente afuera de la casa que compartían con sus parientes en Homestead. Una vecina llamó a la policía, cosa que Medrano nunca hubiera hecho.

Medrano acabó por separarse del marido y se fue a vivir con una amiga. Solicitó una orden de restricción contra él, se divorció y mantuvo la custodia de su hijo.

Los años pasaron. El hombre fue deportado y Medrano siguió trabajando sin papeles en Homestead, enviando dinero para educar y vestir a sus dos hijos en México.

Luego, a finales del 2008, una amiga le contó sobre una abogada en Homestead que tal vez le podía ayudar sacar una Visa U.

Era Lorduy.

Juntas llenaron la solicitud. Y en un año la visa llegó por correo.

"Antes tenía temor al salir porque decían que andaba la migración'', indicó Medrano. ‘‘Ahora puedo salir tranquilamente y puedo ir a buscar trabajo y no me lo pueden negar por no tener papeles''.

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