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Indagarán presunto cobro de sobornos en gobierno argentino

El gobierno se mostró de acuerdo el viernes en que la justicia debe investigar un presunto caso de corrupción que ha salpicado al Ministerio de Planificación por el supuesto pedido de sobornos a empresarios que buscaban hacer negocios con Venezuela, hecho que esa cartera ha negado tajantemente.

"No conozco la causa, pero siempre en este tipo de cosas si hay una denuncia hay que investigarla, mientras tanto hacer conjeturas no tiene sentido'', dijo el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, a Radio Continental.

Tres diarios de Buenos Aires se hicieron eco el viernes de una denuncia del ex embajador de Argentina en Caracas, Eduardo Sadous, quien declaró ante un juez que empresarios que querían concretar negocios con el gobierno de Venezuela durante la anterior administración del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) debían pagar sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación argentino.

Son los jueces "los que tienen que investigar como corresponde'', subrayó Aníbal Fernández.

En tanto, el ministro de Planificación, Julio de Vido, --en el cargo desde el 2003-- desmintió terminantemente la denuncia en una entrevista con el diario La Nación.

"Es una infamia, una calumnia que embarra innecesariamente a mucha gente'', dijo De Vido al cuestionar que el diplomático no haya dado nombres de los supuestos implicados en su testimonio, cuyo contenido ha sido difundido además por el canal Todo Noticias.

Sadous, quien testificó el martes pasado ante el juez federal Julián Ercolini, fue reemplazado en mayo del 2005 como embajador en Venezuela por la actual ministra de Defensa, Nilda Garré.

El cambio se hizo en malos términos con el gobierno, según versiones de prensa. Su denuncia se produjo en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita entre Kirchner, De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime (quien fue procesado recientemente por haber recibido dádivas de empresarios).

Las imputaciones fueron realizadas por la opositora Coalición Cívica.

Al parecer, Sadous señaló que el Ministerio de Planificación argentino habría "cobrado peaje'' (sobornos) a los empresarios que querían participar de los negocios con Venezuela, aunque dijo desconocer quién era el responsable.

Supuestamente, los empresarios argentinos intentaban conseguir que sus productos se enviaran a Venezuela a partir de un acuerdo firmado entre Kirchner y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para crear un fideicomiso.

En ese acuerdo se indicaba que lo que se le pagaba a Venezuela por la importación de combustible estaba destinado a comprar bienes industriales argentinos.

El ex embajador también indicó que sus denuncias se basan en lo que escuchó sobre el tema a personal de la embajada, a empresarios y al agregado comercial, Alvaro Alvarez Tufillo.

Señaló, además, que la relación comercial con Venezuela era manejada, en "forma paralela'' a la cancillería por el entonces director del Organo de Control de Concesiones Viales, Claudio Uberti. Uberti tuvo que dejar el cargo en el 2007, a raíz del escándalo del ingreso ilegal en el aeropuerto de Buenos Aires de $800,000 que portaba el venezolano Guido Antonini Wilson en una valija.

Este último había llegado a esta capital en un avión alquilado por el gobierno argentino con unos cuantos funcionarios de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de Argentina, entre ellos Uberti.

Antonini declaró a la justicia de Estados Unidos --donde reside-- que el dinero era del gobierno venezolano e iba destinado a la campaña proselitista de la actual presidenta Cristina Fernández, lo que en su momento fue negado tajantemente por el gobierno.

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