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Critican enmienda a ley sobre drogas para menores

Una de las mayores compañías proveedoras de cuidados psiquiátricos a niños bajo custodia estatal de la Florida logró impulsar de forma exitosa una enmienda a un proyecto de ley, que hará más fácil a grupos de atención en casas y centros de tratamiento darle medicamentos a niños bajo custodia estatal, sin necesidad del consentimiento de un padre o un juez.

La empresa Psychiatric Solutions, que administra 13 programas de tratamiento residencial en la Florida, entre ellos tres en el Condado Broward, propuso una enmienda a la legislación de la senadora estatal Ronda Storms que le permitiría a la compañía, así como a otras similares, administrar fármacos para la salud mental a niños bajo custodia estatal durante tres días sin que haga falta el permiso de un padre o un juez. La legislación se inspiró en la muerte en el 2009 de Gabriel Myers, un niño de siete años bajo custodia estatal que vivía en Margate.

Bajo la ley vigente y el proyecto legislativo que Storms, republicana de Valrico, propuso, a los niños menores de 11 años bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias (DCF) no se les puede suministrar medicamentos psicóticos sin el consentimiento de un padre o un juez estatal, en casos donde el padre del menor haya perdido sus derechos paternos.

En su proyecto de ley, Storms propone que las agencias que cuidan a niños bajo custodia estatal deben presentar un documento que indique "un urgente interés del gobierno'' donde se explique que la medicación es necesaria para "el bienestar del niño''. El proyecto de ley exige que el DCF reciba una revisión independiente para de este modo poder darle medicamentos a niños menores de 11 años.

En un correo electrónico enviado a Jim R. Henry, director de asuntos legislativos del DCF, el director de Manatee Palms Youth Services --propiedad de Psychiatric Solutions-- sugirió que el estado tiene, por definición, un interés apremiante en permitir que a los niños se les brinde medicamentos en centros de tratamiento, cuando los menores sufran enfermedades mentales.

Jeff Turiczek, quien dirige Manatee Palms, escribió en un correo electrónico con fecha 26 de marzo que la enmienda explica que cuando un niño que es admitido en un centro de tratamiento o en un grupo residencial terapéutico, ya ha sido diagnosticado con una enfermedad mental, y por consiguiente podría necesitar medicamentos. Turiczek no devolvió las llamadas que se le hicieron para conocer sus opiniones.

El viernes, Storms dijo que no enmendaría su proyecto de ley para beneficiar a la compañía. "Es cierto que varios cabilderos han venido a verme'', declaró Storms. ‘‘Nadie me ha dicho ‘¿usted haría esto o aquello para favorecer a PsychSolutions?' ni nada por el estilo. No estoy tratando de hacerlo para el beneficio de ninguna agencia. Lo que estoy diciendo es que quiero impulsar la legislación lo más que pueda, de manera que sea aprobada''.

El proyecto de ley de Storms exige que los médicos cuenten con el consentimiento de un padre o un guardián antes de darle al niño algún tipo de fármaco psicótico.

Sin embargo, el proyecto de ley, que fue enmendado por Storms el martes, hace algunas excepciones: los médicos podrían comenzar el uso de medicamentos psicóticos sin el consentimiento de una orden judicial, si el menor está ingresado en un hospital psiquiátrico, una unidad de crisis estabilización de crisis, un centro residencial de tratamiento o un grupo residencial terapéutico. En estos casos, el DCF debe buscar una orden judicial para poder administrar los medicamentos dentro de los tres días del inicio de la medicación.

Los que critican la enmienda señalan que los niños que se encuentran en este tipo de situación son los que corren un mayor riesgo de recibir las medicinas inapropiadas.

En mayo del 2009, durante la investigación del DCF sobre el uso de drogas psicotrópicas, la agencia reportó que 26 por ciento de los niños en grupos residenciales y centros estaban recibiendo este tipo de drogas en comparación con 21 por ciento de los que estaban en hogares bajo custodia estatal y 4 por ciento de los que estaban viviendo con familiares.

Jim Sewell, asesor especial del secretario de DCF George Sheldon, que presidió un equipo especial el año pasado que investigó el uso de estas drogas entre los niños bajo custodia estatal, indicó que los partidarios de la enmienda no le habían hablado sobre eso. "Fue una especie de sorpresa'', afirmó.

"Muchos de nosotros creemos que el lenguaje puede ser mejor. Pero la autoridad nos permitirá garantizar la protección de los niños'', según Sewell.

Otro miembro del Gabriel Myers Work Group ha expresado preocupación sobre la enmienda. Gabriel murió hace un año al ahorcarse en el baño de un hogar sustituto. Se le habían recetado varias drogas psicotrópicas en los meses antes de su muerte, incluyendo antidepresivos vinculados a un aumento en el riesgo de suicidio entre los niños.

"El hecho de que un niño necesite tratamiento residencial no es, en si mismo, suficiente para asegurar que necesita medicamentos'', declaró Robin Rosenberg, de Florida's Children First. "Creo que hay demasiada posibilidad de abuso''.

Storms, que ha manifestado enérgicamente su preocupación de que los médicos se están apoyando excesivamente en las drogas para tratar a muchachos bajo custodia estatal que tienen problemas --sin intentar antes análisis de comportamiento y otros métodos menos invasivos-- declaró que los médicos todavía tienen que buscar el consentimiento de un juez. Storms amplió que el proyecto de ley protegerá más a los niños que la ley actual.

Dijo que añadió la enmienda para buscar más apoyo para el proyecto de ley, tras recibir llamadas de centros de tratamiento indicando que no podían medicar a un niño aunque se estuviera autoinfligiendo heridas.

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