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Crisis del Jackson golpeará a Miami

En momentos que la junta directiva del Jackson planea reunirse el lunes para decidir cómo reducir un máximo de $229 millones del presupuesto del abrumado sistema de salud pública del condado, la situación es personal para Gastón Procopio, cuya madre, de 51 años, recibe tratamiento de radiación en el Jackson Memorial.

"Su vida depende de ese tratamiento'', dice Procopio. El programa de radiación oncológica es uno de los que la presidenta ejecutiva del Jackson, Eneida Roldán, planea eliminar como parte de un plan de recuperación que incluye el despido de 4,500 empleos y el cierre de dos hospitales suburbanos.

"Estamos preocupados, no sabemos qué está pasando'', dijo Procopio, cuya madre también se atiende en la clínica Jefferson Reaves, del Jackson, ubicada en Overtown, que posiblemente también se elimine. "Es posible que tengamos que irnos a Europa, donde hay medicina socializada''.

El problema familiar de Procopio es un ejemplo de las consecuencias que tendrá una reducción del Sistema de Salud Jackson en todo Miami-Dade. El alcalde Carlos Alvarez desea que el Fideicomiso de Salud Pública concluya sus agonizantes decisiones el lunes, para que la Comisión de Miami-Dade las pueda estudiar el martes.

Sin importar la forma exacta de las reducciones, los expertos dicen que todos en el condado probablemente sufran consecuencias:

* Los pobres y los que no tienen seguro batallarán para poder tratarse. Algunos irán a las salas de emergencia, el único lugar en Estados Unidos donde la ley exige que se trate a todo el mundo. Pero otros se quedarán en casa y empeorarán.

* Los que tienen seguro médico enfrentarán el problema inmediato de esperas más largas en las salas de emergencia, donde las demoras pueden resultar en extremo dolorosas. El problema a largo plazo: mayores primas para que los hospitales privados puedan cubrir el costo de atender a más personas sin seguro médico.

* Los contribuyentes enfrentan un peligro diferente. Ya contribuyen $350 millones al año al Jackson por concepto del medio centavo de impuesto a las ventas y el impuesto a la propiedad. Si las reducciones del Jackson no son suficientes, entonces el condado tendrá que financiar la nómina del sistema médico, la friolera de $80 millones al mes. En ese caso, el alcalde ha dicho que tendrá que reducir servicios básicos como la policía.

"Esto es racionamiento, no cabe duda'', dice Michael Kosnitzky, ex presidente del Fideicomiso. "Los pobres muchas veces necesitan transporte público. Mientras más lejos esté la instalación médica, menos probable es que se puedan recibir tratamiento''.

Esa fue una de las razones por las que el sistema compró los hospitales Jackson North y South, para facilitar el acceso a los servicios. Si esas instalaciones se cierran, dijo Kosnitzky, los pacientes "se van a quedar en casa y van a empeorar. Así las cosas, la tasa de morbilidad y mortalidad van a aumentar''.

"Las repercusiones en la comunidad serán permanentes'', dice el Dr. Robert Schwartz, director de Medicina Familiar en la Universidad de Miami. "Esto va a crear problemas a largo plazo para Miami-Dade''

Roldán enfrenta una gran oposición al cierre de los dos hospitales por parte de la Comisión de Miami-Dade y los fideicomiso, pero sin importar los detalles queda claro que menos personas van a recibir tratamiento.

Por ejemplo, una alternativa al cierre de los hospitales es la clausura de las clínicas de cuidado primario en los barrios pobres. Una de esas clínicas es el Centro de Salud Jefferson Reaves Sr. en Overtown, que atiende a 30,000 pacientes pobres al año y es un centro docente del programa de Medicina Familiar de la Universidad de Miami.

La mitad de esos pacientes tienen enfermedades crónicas --como hipertensión, diabetes y otras-- y si esas enfermedades se mantienen controladas ambulatoriamente, no tienen que ir al hospital, dice Schwartz.

"Si cierran esa clínica, habrá más apoplejías, más infartos'', dice Schwartz. "Las consecuencias serían enormes''.

Entre ellas: cerrar el centro docente significaría menos médicos de cabecera, muchos de los cuales tienden a tratar a los pobres.

Una preocupación clave de un sistema de salud más pequeño --y el tema central de la necesidad de una reforma a nivel nacional-- es que por ley a nadie se le puede negar tratamiento en una sala de emergencia. "Todo el mundo tiene derecho a que lo estabilicen'', dice Daniella Levine, presidenta de la Coalición de Servicios Humanos.

"El problema es el tratamiento después que salen de la sala de emergencias. ¿Adónde van?", pregunta Levine. Una persona con problemas respiratorios que no se trata en una clínica ambulatoria, por ejemplo, tiene más probabilidades de tener que regresar a la sala de emergencias.

Y probablemente tendrán que esperar más, si los aceptan. Un ejemplo es la sala de emergencias del Jackson, que atiende a la mayoría de los pacientes pobres y sin seguro. La instalación atiende 140,000 personas al año. Una de las reducciones propuestas es eliminar 45 camas de esa sala, casi la mitad de las 96 camas para adultos, lo que significa que entonces tendrá más probabilidades de estar sobresaturada Cuando esto sucede, las ambulancias tienen que llevar los pacientes a otra parte.

Eso significa que más ambulancias tendrán que ir al Hospital de la Universidad de Miami, al otro lado de la calle frente al Jackson Memorial. "Habrá consecuencias'', dice William Donelan, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miami. Donelan agrega que lo mismo pasará con la sala de emergencias del Hospital Mercy en Coconut Grove y del Mount Sinai en Miami Beach.

Si Jackson North y South cierran, eso pudiera enviar a los pacientes a otros lugares, desde Homestead en el sur hasta el sistema Memorial en el sur de Broward.

"Hay un costo humano real'', dice Merrett Stierheim, que durante varias décadas ha sido administrador de Miami y de la Junta Escolar de Miami-Dade.

Stierheim señala que unos 400,000 hombres, mujeres y niños del condado viven por debajo del nivel de pobreza. "Y si uno acepta que aproximadamente 100,000 o 150,000 son indocumentados'' -- personas que generalmente sólo reciben tratamiento en las salas de emergencia "entonces hay más de medio millón que necesitan de los servicios de un sistema de salud público. Esa cifra es enorme''.

Stierheim es asesor voluntario del Jackson. El jueves se reunió con unos 25 líderes cívicos y empresariales en las oficinas de United Way para discutir la difícil situación económica.

"Pensamos que los líderes de la comunidad deben estar al tanto de este problema y conocer los grandes riesgos que implica'', dice Stierheim. El y un pequeño grupo de líderes empresariales se "reunirán con la Dra. Roldán para establecer un plan y reportar al grupo''.

Uno de los presentes en la reunión, Levine, de la Coalición de Servicios Humanos, dijo: "Idealmente, todos los interesados del sistema de salud pública reconocen la interdependencia y darán un paso al frente para cooperar''.

Linda Quick, presidenta de la Asociación de Hospitales y Centros de Atención a la Salud del Sur de la Florida, ha organizado a un grupo de hospitales para que se hagan cargo del tratamiento de unos 100 pacientes ambulatorios de diálisis a quienes el Jackson ya les ha eliminado el servicio.

Pero Quick dice que algunos hospitales no se han mostrado muy dispuestos a participar en el proyecto porque "les preocupaba que si participaban sería algo permanente'', el primero de muchos programas fracasados que el Jackson trataría de pasar a otras instalaciones de salud. Pero los hospitales del área dicen que no pueden darse el lujo de tomar a esos paciente.

Kosnitzky, ex presidente del Fideicomiso, dice que sería mejor si los proveedores de servicios médicos del sur de la Florida se unieran para "apoyar al Jackson de una manera más sistemática'', ofreciendo servicios primarios para evitar las costosas visitas a las salas de emergencia.

Kosnitzky exhortó a Baptist Health South Florida, la próspera cadena de hospitales privados sin fines de lucro, a cooperar en la recuperación de Jackson. "No quieren regarlarle dinero al Jackson, pero ciertamente tendrá que salir de su dinero'', particularmente si Jackson South, que está cerca de dos instalaciones del Baptist, se clausura.

El Baptist responde que ya paga a clínicas comunitarias $1.5 millones para que ofrezcan servicios primarios a 83,000 pacientes. A futuro, el presidente ejecutivo Brian Keeley declina pronosticar qué efectos tendrá una reducción del Jackson en su empresa. ‘‘No lo sabré hasta que anuncien su plan''.

Todos los participantes reconocen que un plan coordinado de recuperación, que mejore la eficiencia en las operaciones del Jackson, sería la mejor solución.

Pero eso demora, mucho más tiempo del que parece haber. Dado que se proyecta que el Jackson se quede sin dinero en mayo, el Fideicomiso de Salud Pública quería 10 días hábiles para decidir sobre un plan que reduciría la fuerza laboral en una tercera parte. El Fideicomiso programó una votación para el 22 de marzo. El alcalde Alvarez ha dijo que eso no es lo suficientemente rápido y que quiere que el plan esté listo para que la comisión lo estudie el próximo martes.

"Podemos plantear soluciones potenciales'', dijo Stierheim, "pero el Fideicomiso no tiene una imprenta de dinero y el condado tampoco''.

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