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Desmantelan campamento de delincuentes sexuales

Letreros de "No pasar'' fueron colocados en la tarde del jueves bajo el viaducto Julia Tuttle, advirtiendo a vagabundos y delincuentes sexuales que no se alberguen bajo el puente de concreto que durante años les había servido de refugio.

Bajo un cielo claro y con el tráfico retumbando sobre sus cabezas, equipos de trabajadores derribaron a mandarriazos las chozas de madera, los cobertizos de tejas y las frágiles tiendas de campaña levantadas a la orilla del luciente canal Intracoastal.

La mayoría de los delincuentes sexuales desamparados que vivían allí han sido llevados a otra parte, y los pocos que quedan están en una breve lista de espera para viviendas que cumplan con los requisitos de las leyes contra delincuentes sexuales del Condado Miami-Dade.

De modo que todo parecería indicar que la práctica de largar a los delincuentes sexuales del sur de la Florida donde nadie pueda verlos --o incluso encontrarlos-- está llegando a su fin.

Pero no es cierto.

"Es el final del Julia Tuttle, pero no es el final de estos lugares'', indicó Patrick, un delincuente sexual registrado que durante tres años vivió bajo el puente infestado de ratas, y quien no quiso revelar su apellido. "Ya habrá otro Julia Tuttle, otro lugar donde la gente nos va a poner para no vernos, ya que ojos que no ven, corazón que no siente''.

En un momento determinado, más de 100 delincuentes sexuales convictos vivieron bajo el puente, que recibió su nombre en honor a Julia Tuttle, "la Madre de Miami'', quien ayudó a impulsar el desarrollo de la ciudad a finales del siglo XIX.

En la última década, más de dos docenas de estados y cientos de ciudades han respondido a la indignación pública ante los crímenes sexuales contra niños imponiendo restricciones residenciales. En muchos casos, las leyes han prohibido que los delincuentes sexuales vivan dentro de una enorme parte de pueblos y ciudades, separándolos de sus familias y sistemas de apoyo, y obligándolos a establecerse lejos del transporte y las oportunidades laborales.

Al dejarlos desamparados, según los expertos, las leyes les dificultan el regreso a la sociedad, hacen más difícil a la policía seguirles el rastro y les facilita convertirse en proscritos.

En el sur de la Florida, las zonas que se establecieron durante los últimos años obligaron a los delincuentes sexuales a vivir a una distancia de por lo menos 2,500 pies de casi cualquier lugar en que se congreguen los niños: escuelas, bibliotecas, paradas de ómnibus, campos de juego y parques.

No todos los delincuentes sexuales son depredadores inveterados o violadores de menores. Algunos han cometido los llamados delitos de "Romeo y Julieta'', en los que ha habido relaciones íntimas --no siempre sexo-- entre parejas muy jóvenes, uno de cuyos integrantes tiene menos de 16 años. Sin embargo, por ley, todos los delincuentes sexuales son reunidos bajo una misma categoría, ya sea que hayan violado a un niño o que hayan orinado en un lugar público donde los niños juegan.

Ron Book, un poderoso cabildero estatal que ayudó a establecer las estrictas leyes, sigue siendo un partidario inflexible de las leyes de residencia para delincuentes sexuales. Pero ahora cree que, en cierta forma, han resultado contraproducentes.

"Nadie debió haber dicho nunca que este era un lugar aceptable para vivir'', afirmó Book sobre refugio bajo el Tuttle, que visitó el viernes.

A estas alturas, Book conoce a muchos de los que todavía viven bajo el puente por su nombre de pila. Como director del Fideicomiso de Desamparados del Condado, ha asumido la tarea de vaciar el campamento, que se convirtió en una vergüenza pública para el gobierno local.

La mayoría de los residentes han sido reubicados y se les ha dado subsidios para ayudarlos a pagar varios meses de alquiler. Pero los contribuyentes no pueden pagar esa cuenta para siempre, comentó.

A Book le gustaría ver que la Legislatura estatal haga cambios que ayuden a erradicar los campamentos de delincuentes sexuales como el que estaba debajo del Tuttle.

Otros estados han cambiado sus leyes o establecido alternativas sin parecer blandos ante la delincuencia sexual. A principios de este año, los comisionados de Miami-Dade aprobaron una ley uniforme de residencia que ha abierto zonas para que estas personas puedan vivir.

Las leyes del Condado todavía impiden que los delincuentes sexuales que hayan molestado a niños vivan a menos de 2,500 pies de escuelas y guarderías; pero añaden otro elemento, zonas de seguridad infantil, que prohíben a los delincuentes sexuales pasar a menos de 300 pies de los niños.

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