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Critican acuerdos extrajudiciales en delitos de "cuello blanco"

Las autoridades de Estados Unidos descubren que durante los últimos 10 años el Credit Suisse Bank ha estado canalizando ilegalmente dinero de Irán y Cuba hacia el sistema financiero internacional en violación del bloqueo a ambos países.

Ante el potencial daño que podría acarrear al banco el bochornoso espectáculo de un juicio público en el que se podrían conocer los detalles de la confabulación, los directivos pagan una multa de $534 millones el pasado diciembre.

Esta salida de emergencia es sólo una de muchas que ha abierto el gobierno de Estados Unidos a bancos en problemas y financistas en apuros a través de una criticada figura jurídica conocida como "acuerdo de acusación diferida''.

En virtud de estos acuerdos extrajudiciales, además de pagar la multa, los acusados se comprometen a implantar una serie de medidas ordenadas por el gobierno, pero no afrontan consecuencias penales a menos que se compruebe que reincidieron en la conducta ilegal.

Para los críticos, estos acuerdos no son más que patentes de corso que permiten a la delincuencia de cuello blanco salirse con la suya sin sentir el peso de la ley.

"La problemática falta de supervisión y transparencia de los acuerdos de acusación diferida, ha cultivado un terreno fértil para las acciones impropias'', expresó el representante demócrata de New Jersey, Bill Pascrell, Jr., en un documento en el que pidió mayores controles al Departamento de Justicia.

Pascrell, autor de un proyecto de ley para hacer transparente el proceso, ha sido uno de los congresistas más críticos del sistema, especialmente por los descuidos del gobierno para monitorear el cumplimiento de los acuerdos.

En diciembre, la Oficina General de Contabilidad del Congreso (GAO, por sus siglas en inglés) confirmó algunos de las preocupaciones de los críticos del sistema.

Según GAO, el Departamento de Justicia "no tiene ningún método de evaluación que le permita determinar en qué forma estos acuerdos han contribuido a sus esfuerzos por combatir la delincuencia corporativa''.

La utilización del sistema, concebido originalmente como una solución excepcional, ha ido en aumento aunque en los dos últimos años ha bajado el ritmo, de acuerdo con un reporte de la investigación de GAO.

De cuatro arreglos que firmó el Departamento de Justicia en el 2003, pasó a 38 en el 2007. Para el 2008, se aceptaron 24 y para el año siguiente 23.

El problema con estos acuerdos, según Pascrell, es que ‘‘han estado vedados al escrutinio público'' y, más allá del documento de arreglo, el público no tiene acceso a los detalles de las operaciones y mucho menos a los nombres de los ejecutivos que participaron.

Gracias al arreglo al que llegó el Credit Suisse Bank con la justicia de Estados Unidos quedó en el absoluto misterio la identificación de las personas o instituciones que participaron en 32 transferencias electrónicas por $323,648, relacionadas con el gobierno cubano.

Las transferencias se hicieron entre agosto del 2003 y diciembre del 2009 a través de instituciones financieras de Estados Unidos en aparente violación de la ley del embargo y de las regulaciones que señalan a Cuba como un país colaborador con el terrorismo.

El informe de GAO señaló que el Departamento de Justicia podría implementar como métodos de evaluación de la efectividad de los arreglos extrajudiciales un seguimiento de la compañía para establecer si repite las maniobras sancionadas durante o después del acuerdo, y si la empresa puso en práctica los términos del mismo. Pero ninguna de esas actividades de supervisión se está realizando.

Tras la presentación del informe de GAO, la representante de California, Linda Sánchez, recordó que desde que se realizó una audiencia sobre el tema hace dos años se ha venido insistiendo en una mayor transparencia.

"Desde la época de la audiencia, esta práctica ha estado operando principalmente en las sombras sin parámetros ni supervisión. Los delitos de cuello blanco no deben ser sujetos de acuerdos dulces para que los amigos se beneficien'', afirmó Sánchez. "Me complace que el estudio de GAO haya sacado a la luz el tema de los acuerdos de acusaciones diferidas''.

Paul Brubaker, vocero de la oficina de Pascrell, dijo a El Nuevo Herald que el proyecto de ley presentado por el congresista para hacer más transparente la aplicación de estos acuerdos no ha sido aprobado pero fue enviado a la Subcomisión de Legislación Comercial y Administrativa a fin de ser debatido.

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