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Florida busca regular centros financieros

Once años después de que las autoridades normativas de la Florida le dieron al desacreditado banquero banquero Allen Stanford una autoridad sin precedentes para establecer un centro financiero sometido a poco control en Miami, los legisladores presionan para garantizar que algo semejante no vuelva a suceder.

Tras meses de críticas, los legisladores presionan para establecer normas más estrictas con el fin de obligar a las autoridades normativas a supervisar las compañías financieras como la creada por Stanford, que vendió millones en inversiones fraudulentas desde una lujosa torre en el centro de Miami.

Las brechas en materia normativa ayudaron a Stanford a concretar lo que según los fiscales fue una operación de inversiones fraudulentas por valor de $7,000 millones que estafó a miles de inversionistas.

"Tenemos que cerrar esa brecha y tomar medidas para proteger el público'', dijo Thomas Cardwell, recientemente nombrado comisionado de la Oficina de Normación Financiera. "Esta es una de las mayores prioridades de mi agenda''.

La legislación obliga a las autoridades estatales a investigar a todas las firmas financieras en paraísos fiscales con oficinas en la Florida --entre ellas las oficinas de fideicomisos extranjeros-- con el fin de evitar fraude, lavado de dinero y la destrucción de expedientes.

La propuesta se presenta después de una investigación de The Miami Herald que reveló grandes fallas en la supervisión estatal de la oficina de Stanford en Miami, que permitieron al banquero establecer un fideicomiso especial --el único en su tipo-- sin supervisión del gobierno estatal.

Sobre las objeciones del asesor jurídico bancario estatal, el gobierno de la Florida autorizó al banquero operar sin ninguna supervisión, lo que infringe las leyes estatales y federales, concluyó The Miami Herald.

Durante los años siguientes, los empleados de Stanford vendieron millones de dólares en valores no registrados y desviaron en secreto el dinero para pagar mansiones, yates y una flotilla de jets privados, según documentos de la corte. El banquero de 59 años está en espera de juicio bajo cargos de estafar a más de 21,500 inversionistas de todo el mundo.

Los empleados de Stanford llenaban bolsas con cheques de clientes y los enviaban por avión a la sede de su banco en Antigua, y después destruían los expedientes, determinó el periódico.

Aunque las autoridades normativas estatales fueron advertidas de la prácticas durante visitas a la oficina en el 2001 y el 2005, nunca tomaron medidas.

El proyecto de ley, copatrocinado por el senador republicano Garrett Richter y el representante Tom Grady, también republicano, impide que las autoridades normativas estatales autoricen que firmas como la de Stanford funcionen fuera de las jurisdicciones estatal y federal.

"La gente deposita su confianza en estas instituciones'', dijo Richter, veterano ejecutivo banquero y presidente de la Comisión de Banca y Seguro del Senado. "Creo que es un proyecto de ley de simple sentido común''.

La propuesta prohíbe a firmas como la de Stanford --conocidas como representantes de fideicomisos extranjeros-- operar sin licencia y tienen que someterse a inspecciones de rutina por parte de las autoridades estatales. Además, exige que las oficinas se sometan a auditorías independientes.

Cuando el gobierno estatal permitió a Stanford abrir su oficina en el piso 21 del Miami Center, nunca le exigió declarar nada a las autoridades estatales y federales.

En los primeros seis años recibieron a miles inversionistas latinoamericanos --atraídos por la seguridad de una firma estadounidense-- que compraron más de $600 millones en certificados de depósito falsos, indican los expedientes.

Al final, la oficina generó suficiente dinero para ayudar a ampliar el imperio de Stanford en todo el país, dijo Jonathan Winer, ex subsecretario de Estado adjunto que investigó el banco de Stanford en Antigua por lavado de dinero. "Stanford no había tenido ninguna presencia real en este país antes de eso''.

Margie Morinaga, cuya familia perdió más de $400,000 en la estafa, dijo que llevó a su padre a la oficina de Stanford porque pensaba que era una firma normada.

Margie y su padre, un joyero retirado de 86 años que ahora vive en Lima, fueron seducidos por los anuncios de la compañía y sus lujosas oficinas en el centro de Miami.

"Gran oficina, bellas mesas, pisos de madera, se podía ver la bahía'', dijo. "Todo era de primera clase''.

Pero aunque las autoridades estatales aprobaron la creación de la firma, agentes policiales que investigaban actividades de lavado de dinero en el Caribe se sorprendieron ante la decisión del gobierno estatal, determinó The Miami Herald.

"No podía comprender cómo las autoridades de la Florida permitieron a la firma operar de esa manera. Había algo realmente mal en eso'', dijo Rodney Gallagher, ex miembro de la Alta Comisión Británica en Barbados. "Pensaba que lo que estaba haciendo era completamente ilegal''.

Mientras los funcionarios estatales decían que no tenían otra opción que mantener abierta la oficina porque ninguna ley prohibía las oficinas de representantes de fideicomisos extranjeros, los expertos dicen que el estado no sólo infringió sus propias leyes sino que creó un verdadero desastre financiero.

Además de dejar que Stanford enviara enormes cantidades de dinero al extranjero en violación de las leyes contra el lavado de dinero, las autoridades normativas estatales renunciaron a cualquier derecho a examinar los documentos financieros de Stanford.

En realidad, la decisión de abrir la oficina creó serias interrogantes entre algunas autoridades estatales, según mensajes electrónicos y expedientes internos.

Richard Donelan, el principal asesor bancario del estado, trató en por lo menos cuatro ocasiones de cambiar el acuerdo que daba a Stanford la libertad de enviar millones de dólares a Antigua en total secreto.

En un mensaje cuestionó por qué el estado no exigía que Stanford tuviera una licencia para sacar dinero del país, lo que hubiera colocado la oficina bajo la supervisión del gobierno. Pero no se hizo nada.,

Chrlie Stutts, ex asesor jurídico de la Oficina del Contralor de la Florida, dijo que la nueva legislación es "un paso en la dirección correcta''. Observó que el acuerdo del estado con Stanford estaba lleno de problemas.

"Es increíble que pudiera hacerlo'', dijo Stutts, abogado de Tampa que ayudó a redactar la ley de banca de la Florida. Incluso después de abrir la oficina, las autoridades normativas hubieran podido tomar medidas, dijo Stutts. Además de encontrar a empleados destruyendo expedientes, los agentes descubrieron más de una docena de corredores de valores vendiendo certificados de depósito.

"Eso debió ser una señal de alerta, fue una señal'', dijo Stutts. "Los certificados de depósito son valores. Tenían derecho a realizar una auditoría''.

Aunque el proyecto de ley debe evitar estafas de este tipo en el futuro, Morinaga dijo que no ayuda a su padre a recuperar el dinero perdido de su fondo de retiro.

"Para nosotros es demasiado tarde'', dijo. "Eso nunca debió suceder''.

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