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2009: radicalización del socialismo chavista

La radicalización del socialismo chavista, un creciente control del sistema judicial y un mayor deterioro en importantes indicadores de la vida socioeconómica del país, marcaron los acontecimientos registrados durante el 2009 en Venezuela, de acuerdo con analistas, encuestas y estadísticas oficiales.

Después de una década de dominio prácticamente inigualado, el presidente Hugo Chávez conserva un apoyo de 34 por ciento, pero ha visto reducidos su influencia y su prestigio, en parte por una creciente percepción de que el gobierno es ineficaz y no enfrenta problemas cruciales como la inseguridad, la corrupción y el desempleo.

Desde el punto de vista político, en el pasado año Chávez sufrió severos impactos en diversos ámbitos, desde el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en Honduras, interpretado como la más importante derrota del chavismo en el continente, hasta la firma del acuerdo militar entre Estados Unidos y Colombia.

La revelación de la extendida corrupción entre empresarios "boliburgueses'', vinculados a altas figuras, puso al gobierno bolivariano literalmente contra las cuerdas.

Por lo menos, una treintena de banqueros y empresarios fueron acusados de malos manejos administrativos. Entre ellos figuraron los empresarios Ricardo Fernández Barruecos y Pedro Torres Ciliberto, cuyas fortunas adquirieron considerables dimensiones en menos de una década debido a vínculos con importantes figuras oficiales.

Por primera vez desde 1999, cuando se inició el gobierno bolivariano, el espectro de una guerra verdadera, esta vez con Colombia, salió de la acostumbrada retórica belicista de Chávez para convertirse en una posibilidad real, según expertos y analistas.

Durante el 2009, Chávez continuó con una política de restringir la influencia de medios de comunicación críticos, con el cierre de 34 emisoras de radio y dos estaciones locales de televisión, una decisión que le trajo numerosas críticas nacionales e internacionales.

Pero a pesar de todos las contrariedades, Chávez se ha mostrado desafiante y obstinadamente optimista acerca del futuro.

En un discurso de fin de año el miércoles, destacó que el 2009 "es un año que termina bien'', con un "clima de afecto, de respeto, de buenos sentimientos'' en las calle del país, y con un ambiente favorable para el comercio y el turismo.

Chávez se mostró complacido de que, en su opinión, no se cumplieron los augurios de la oposición de que este año iba a ser desastroso para Venezuela.

Sin embargo, reportes y estudios recientes, incluyendo estadísticas de organismos oficiales, dibujaron un panorama notablemente distinto.

En el informe de fin de año esta semana, el Banco Central de Venezuela reveló una caída de 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), luego de cinco años de crecimiento interrumpido, un declive que fue más dramático en la industria petrolera, con 6.1 por ciento.

Venezuela experimentará por largo tiempo "una etapa de estancamiento económico porque las fuentes reales de crecimiento se han ido debilitando en el transcurso de los años'', dijo el economista Domingo Maza Zavala, ex director del BCV y considerado como una voz de peso en lo que respecta a la economía venezolana.

Maza cuestionó la política económica de Chávez porque está basada casi exclusivamente en la esperanza de un incremento del precio del petróleo.

"La única manera de que el presidente pueda tener razón es en el escenario en que la cesta petrolera nacional llegue a $90 el barril, pero aquí todos sabemos que el promedio en los últimos años ha sido de $56. A esto hay que sumarle que la demanda mundial no se ha estabilizado por efecto de la crisis financiera'', dijo Zavala en una entrevista reciente.

Agregó que entre los problemas que enfrenta la economía venezolana están la fallida electrificación del país, el desempleo y la dependencia extranjera para las importaciones de alimentos básicos, que tuvo una reducción de $10,000 millones entre el 2008 y el 2009.

"Con este panorama es difícil pensar que la economía se va a recuperar rápidamente'', indicó Maza.

En contraste con la afirmación de Chávez, mediciones dadas a conocer en diciembre mostraron una mayoritaria percepción negativa del país, y por primera vez un creciente clamor para instaurar contrapesos al poder presidencial.

Una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD), en Caracas, una encuestadora considerada favorita del chavismo, reveló signos de creciente descontento con el desempeño gubernamental, y una exigencia generalizada para que se establezcan mayores controles políticos al propio mandatario.

De acuerdo con la investigación, un 78.1 por ciento opinó que la Asamblea Nacional debería controlar más efectivamente a Chávez. Un porcentaje similar opinó al mismo tiempo que la oposición "debería tener una buena representación parlamentaria'', mientras que el 74 por ciento considera "justo'' que la AN sea más "equilibrada''.

Actualmente, la AN está abrumadoramente controlada por el chavismo.

El resultado de esta encuesta explicó en parte el llamado dramático a sus seguidores realizado por Chávez esta semana, exhortando a trabajar para no perder el control en las próximas elecciones parlamentarias de septiembre de 2010.

La encuesta también encontró que casi un 45 por ciento de los 1,200 consultados dijo que apoyará a partidos opositores o independientes para la consulta parlamentaria, en contraste con 40 por ciento que dijo apoyar a candidatos prochavistas.

Las opiniones sobre la imagen del gobierno confirmaron otras mediciones sobre el tema. Un 77 por ciento opinó que el país vive en un sistema de libertades restringidas, en camino a la autocracia o ya en un sistema autocrático. Sólo el 21.6 por ciento dijo que en Venezuela existe una democracia "sana''.

En otro aspecto de la imagen del gobierno, 40.8 por ciento dijo que en estos momentos visualiza la situación del país como mala y muy mala. Apenas 13.7 por ciento la evalúa como buena o muy buena.

El mayor problema que preocupa al 78 por ciento de los venezolanos es el de la inseguridad, seguido por el desempleo (36 por ciento), la fallas del servicio eléctrico (22 por ciento), la crisis económica (17 por ciento) y el alto costo de la vida (16 por ciento).

Otro de los aspectos más cuestionados al cierre del año fue la politización del poder judicial y su abierta dependencia de la agenda política de Chávez, según indicaron informes independientes.

En un discurso a mediados de diciembre, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Estela Morales, admitió por primera vez que la independencia del organismo puede afectar los intereses del estado venezolano.

"‘No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado'', dijo Morales, en una entrevista transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión, marcadamente prochavista.

La afirmación de Morales fue interpretada como una demostración de que en Venezuela los poderes actúan bajo control de Chávez.

"Reconocen así que son lo que son por el dedo de Chávez, que sería el mismo dedo del pueblo'', opinó el constitucionalista Asdrúbal Aguiar, opositor al chavismo.

La opinión generalizada de que la mayoría de los jueces no actúa con independencia fue confirmada por un estudio detallado de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que recibe el patrocinio de la Iglesia Católica.

Provea estudió 37 acciones judiciales interpuestas ante el TJS contra decisiones tomadas por Chávez, y organismos como la Asamblea Nacional, Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía, entre octubre del 2008 y octubre del 2009, y encontró que casi el 95 por ciento de las decisiones fueron rechazadas.

"El TSJ evadió poner límites al ejercicio de los poderes públicos, desnaturalizando así su rol de garante de los derechos ciudadanos frente a esos poderes'', indicó el informe de Provea.

Otra organización independiente, el Consorcio Desarrollo y Justicia, entrevistó de forma confidencial a 70 jueces en los ocho estados más importantes del país, y encontró que casi el 93 por ciento manifestó que no puede ejercer sus funciones con plena independencia y sin temor a sufrir represalias.

La prueba más contundente hasta ahora del intervencionismo chavista en el poder judicial, fue el caso del empresario Eligio Cedeño. La jueza que le dió la libertad provisional el mes pasado, María Lourdes Afiuni, fue encarcelada sin juicio y enfrenta la posibilidad de permanecer en prisión por 30 años, luego de que Chávez "recomendara'' esta condena, en un caso sin precedentes.

Según el experto Carlos Ayala, las probabilidades actuales que tiene un venezolano de ganar un pleito contra el gobierno "son de nulas a muy pequeñas, porque no hay un juez independiente que le dé la razón''.

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