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Agencia declina investigar abusos de niños

El 16 de septiembre a las 2:02 p.m. un policía de Broward llamó a dos teléfonos de emergencia para reportar que un niño de 4 años fue víctima de abuso sexual por parte de una niñera, mientras el novio de la mujer grababa el incidente con una cámara de video. La asesora que le contestó el teléfono declinó entregar el caso a un investigador.

El 6 de octubre a las 10:15 a.m un asesor escolar reportó a una madre que ha perdido varias citas médicas de su hija, quien padece de una anemia crónica tan severa que está perdiendo el oído y necesita un trasplante de hígado. El reporte fue rechazado.

El 16 de noviembre, a una hora desconocida, un padre entró por la fuerza a casa de su esposa, con quien ya no vive. Aseguró que iba a matar a sus hijas. La llamada tampoco generó una investigación.

Estas decisiones, y miles más similares, son el resultado de una práctica poco conocida --pero muy peligrosa-- del Departamento de Niños y Familias (DCF): desde el año pasado el DCF ha considerado que un número significativamente elevado de denuncias de abuso no merecen ser investigadas.

En un esfuerzo por reducir la carga de trabajo, y el estrés que significa en todo el sistema, los trabajadores del centro de emergencia de abuso infantil en Tallahassee han desestimado decenas de miles de llamadas.

Entre las alegaciones desechadas: denuncias de secuestro, violación, abuso infantil con agravantes, negligencia médica, desnutrición, niños en la vía pública sin supervisión y violencia familiar que amenaza a menores.

Las denuncias rechazadas fueron realizadas por asesores escolares, abuelos, jueces de circuito, trabajadores sociales de hospitales, empleados de guarderías infantiles y personal de justicia penal juvenil.

El centro rechazó una llamada de un investigador de la propia entidad. El 5 de octubre un investigador estatal presentó un informe a nombre de un infante al cuidado de una manejadora, cuyo propio hijo de 4 meses sufrió "lesiones severas en la cabeza''.

Los detalles de lo sucedido han salido a la luz como parte de la revisión de los procedimientos operativos de las autoridades de bienestar infantil en el Condado Broward.

Las autoridades del DCF afirman que esa práctica es necesaria para permitir a los investigadores concentrar sus esfuerzos en los niños con mayor riesgo.

El año pasado el secretario del DCF, George Sheldon, se quejó en una reunión de la avalancha de quejas sin base, entre ellas un informe de un maestro de que un niño fue la escuela con zapatos distintos, así como el informe de otro maestro de que un niño tenía puesta la ropa interior al revés.

"Este trabajo no ha concluido'', aseguró Sheldon a The Miami Herald la semana pasada. "Creo que tenemos que continuar afinando la evaluación de riesgos, tanto en el centro de llamadas como en el terreno''.

"Creo que hemos comenzado a mejorar pero todavía nos queda por avanzar''.

En la Florida los asesores del centro de llamadas llegan de todos los sectores. Antes que se les permita recibir llamadas --unas 190,000 al año-- los asesores reciben siete semanas de capacitación, seguidas de una práctica supervisada de dos semanas, afirmó Edward Cotton, asesor de bienestar infantil que ayuda al estado a revisar el programa.

Los asesores deciden qué hacer con las llamadas sobre la base de definiciones detalladas de abuso, negligencia y abandono, según los estatutos estatales y un sinnúmero de políticas y normas internas.

Los documentos oficiales indican que en los últimos 12 meses el DCF ha decidido investigar menos denuncias de abuso al centro de llamadas.

En enero del 2009 el DCF aceptó 14,930 denuncias de abuso infantil, en comparación con 17,999 el año anterior. En febrero del 2009 la entidad aceptó 14,724 denuncias, en comparación con 18,427 en el 2008. En septiembre del 2009, el DCF aceptó 14,553 denuncias, en comparación con 17,709 el mismo período del año anterior. Y en octubre del 2009 la entidad remitió a investigación 13,188 denuncias, en comparación con 17,345 en el mismo mes del año anterior.

Los niños no son los únicos floridanos que a veces quedan a abandonados en medio del peligro. El centro de llamadas también recibe denuncias sobre adultos discapacitados y ancianos, como una del 12 de octubre sobre una mujer discapacitada que fue violada por un hombre que vivía en un asilo.

Una fuente familiarizada con las nuevas normas dice que el DCF ha revisado la guía interna sobre qué es abuso, como un nuevo protocolo para rechazar denuncias de niños que tienen hematomas o golpes a causa de golpizas, a menos que tal golpiza resulte en una visita al médico o a un hospital, o una "desfiguración permanente''.

Un informe del DCF de diciembre del 2008 indicó que la entidad estudia la posibilidad de modificar la definición de "supervisión inadecuada'' de manera tan estrecha que, por ejemplo, el centro de llamadas desecharía denuncias de que "un padre permite a un niño de 3 años jugar con un arma cargada bajo su supervisión''.

"El centro de llamadas sólo aceptaría una denuncia si el menor de 3 años se hiere a sí mismo con el arma de fuego con que el padre le permitió jugar'', indicó el informe, que es parte de una revisión más amplia de varios cambios potenciales de normas.

Alan Abramowitz, encargado de bienestar infantil del DCF, afirmó que el estado no implementará ese protocolo particular. "No sucederá'', dijo Abramowitz. "No creo que ni siquiera la NRA lo aceptaría''.

Mark Riordan, portavoz del DCF, aseguró que la alta dirección de la entidad todavía no ha revisado las revisiones propuestas y es poco probable que algunas nuevas definiciones se aprueben.

Cotton, el asesor, que durante muchos años trabajó en el sistema de protección infantil de Illinois y fue director del Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Nueva Jersey, declaró que la Florida no parece desechar un por ciento mayor de denuncias que otros estados, aunque la diferencia entre los sistemas dificulta la comparación.

"No hay una norma nacional sobre qué se acepta'', señaló.

A manera de seguridad, Sheldon y Abramowitz dijeron que el DCF ha pedido a su equipo de control de calidad que revise al azar miles de denuncias rechazadas para asegurar que se estén tomando las decisiones apropiadas.

Los defensores de los niños indicaron que rechazar tantas llamadas es peligroso y puede llevar a la muerte de menores y que, de hecho, ya ha sucedido.

En julio, Bryce Barros, de 1 año, fue asesinado a golpes después de que la jueza Eileen O'Connor, especializada en casos de violencia contra menores en Broward, envió tres veces por fax denuncias al centro de llamadas solicitando una investigación sobre la seguridad de Bryce, a raíz de una situación de violencia entre sus padres.

"Al tribunal le preocupa mucho el bienestar del menor'', escribió O'Connor en tres denuncias que tituló "orden judicial."

Las tres solicitudes fueron desechadas.

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