Nation & World

Crisis en gobierno de la ciudad de Miami

Mientras el desacreditado comisionado Angel González se declaraba culpable de abusar de su cargo y renunciaba el lunes, el gobernador Charlie Crist y el alcalde Tomás Regalado seguían enfrentados sobre la manera de llenar las vacantes en la Comisión de Miami.

Al no tener quórum con sólo dos de cinco comisionados, Regalado le pidió a Crist que intercediera y nombrara a un tercer comisionado, lo que le ahorraría al gobierno municipal cientos miles de dólares en una elección extraordinaria.

Sin embargo, Crist no se ha apartado de la postura que planteó la semana pasada, diciendo que no puede hacer nada porque la carta constitutiva de la ciudad no contempla esa posibilidad.

"Seguiremos trabajando con el gobierno municipal'', dijo Sterling Ivey, secretario de Prensa de Crist. "Pero en este momento no parece que el gobernador tenga autoridad para hacer un nombramiento''.

En cierto momento, Regalado --que asumió el cargo la semana pasada-- le pidió a González que participara en una reunión de emergencia antes de abandonar el cargo, con el único propósito de tener quórum para nombrar a un comisionado. González no se mostró interesado.

Eso deja tres vacantes en la Comisión: las de González y Michelle Spence-Jones, a quien Crist suspendió el viernes después de que fue arrestada en un caso penal; y el escaño que dejó Regalado en el Distrito 4, que se decidirá en una segunda vuelta electoral el martes.

El viernes, Spence-Jones fue acusada de un cargo de robo en mayor cuantía vinculado al desvío de $50,000 en dinero del Condado a un negocio familiar. Spence-Jones niega haber cometido falta alguna.

El lunes, González, de 65 años, renunció tras negociar un acuerdo con el estado y declararse culpable de un delito menor en segundo grado por abusar de su cargo público para conseguirle a su hija un empleo con una empresa de construcción con buenos contactos políticos con el municipio, sin que se hubiera presentado nunca a trabajar.

El ganador de la elección del martes entre Francis Suárez y Manolo Reyes por el escaño de Flagami no asumira el cargo hasta el 25 de noviembre.

Si no se nombra a un comisionado para el 23 de noviembre, la Carta municipal indica que debe celebrarse una elección, que en este caso sería para el escaño del Distrito 5, de Spence-Jones, y que costaría unos $200,000.

Pero en el caso de la vacante que deja González en el Distrito 1 la fecha es el 26 de noviembre porque abandonó el cargo tres días después que Spence-Jones. Así las cosas, se espera que la Comisión de tres miembros --con el comisionado recién electo en el cargo-- nombre de inmediato a alguien para cubrir la vacante de González.

Regalado ha cancelado la reunión de la Comisión programada para el martes porque no tendría suficientes comisionados.

La renuncia más reciente fue la de González, que infringió la ley cuando le pidió al presidente de Delant Construction Co. que le diera un empleo a su hija Elizabeth González. Juan Delgado, presidente de Delant, la contrató con un sueldo de $500 a la semana entre julio del 2004 y mayo del 2006, y le pagó $47,000 sin trabajar, alega la fiscalía. La mujer no está acusada en el caso.

González se declaró culpable el lunes, acompañado de su abogado, Jack Blumenfeld, y el fiscal Joseph Centorino.

"Señor González, ¿cómo se declara?", le preguntó el juez condal Samuel J. Slom.

"Culpable'', contestó.

Los fiscales no pudieron hallar pruebas claras de que Delgado recibió a cambio algo directamente de González, aunque los votos del comisionado fueron favorables a la empresa constructora. Delgado, ejecutivo de la Latin Builders Association a finales de los años 80, recibió inmunidad de la fiscalía por su participación en el caso. Delgado enfrenta cargos de fraude en un caso separado.

González cumplirá seis meses de libertad condicional y aceptó cooperar con la fiscalía en cualquier otra investigación de corrupción. González no puede postularse a un cargo público ni solicitar empleo en el gobierno hasta después del 2010.

González también debe pagar $7,500 en costos de investigación a la fiscalía estatal y la Comisión de Etica y Confianza Pública del Condado. Tampoco puede hacer declaraciones públicas sobre el caso sin autorización de la fiscalía como parte de la negociación de cargos.

"Antes de hacer o decir algo, debe solicitar el consejo de su abogado'', le advirtió el juez Slom. "Es mejor que no lo vuelvan a interrogar ni que lo traigan de regreso al tribunal''.

Más tarde el mismo lunes, lo que quedaba de la Comisión de Miami se reunió en el Ayuntamiento para abordar otro tema urgente: los elevadísimos sueldos y pensiones de los empleados sindicalizados.

Un acuerdo del 2007 entre el gobierno municipal y los sindicatos creó una situación tan negativa para los contribuyentes que la mitad del Departamento de Bomberos gana más de $100,000 al año en sueldos y prestaciones. Ocho bomberos ganan más que el administrador municipal.

Aunque Regalado consiguió una victoria fácil con el apoyo de los sindicatos, prometió revisar los contratos. Miami tuvo que cubrir un déficit presupuestario de $118 millones en septiembre y enfrenta la posibilidad de tener que pagar $100 millones a sus planes de pensión para finales de este año presupuestario.

  Comments