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Florida cerró los ojos ante flagrante fraude

Cuando Keith Jasper, autoridad normativa de la Florida, llegó a las opulentas oficinas en Miami del banquero multimillonario Allen Stanford en el 2001 esperaba revisar documentos que mostraran que el dinero que los inversionistas habían entregado a la firma estaba seguro.

No obstante, cuando el veterano investigador bancario pidió los informes, le manifestaron que no había nada. En realidad, la información sobre los millones de dólares que habían pasado por la oficina fueron destruidos.

Las autoridades normativas estatales podían haber exigido los documentos, e incluso tomado medidas para cerrar la oficina con el fin de proteger a los inversionistas. Pero nada de eso sucedió.

Durante los ocho años siguientes, se permitió a la oficina de Stanford seguir vendiendo inversiones, destruir documentos y enviar dinero a paraísos fiscales en aviones privados en lo que los fiscales califican ahora de una enorme estafa estilo pirámide.

Las autoridades estatales visitaron la oficina dos veces desde que se inauguró en 1998, pero los supervisores nunca tomaron medida alguna ante las preocupantes conclusiones de las revisiones, muestran documentos oficiales.

"Traté de explicarlo lo mejor posible para que vieran lo que estaba sucediendo'', señaló Jasper, de 65 años y retirado del Departamento de Banca y Finanzas de la Florida.

La destrucción de los documentos --y el hecho de que el gobierno estatal no hizo nada el respeto-- crearon una situación que permitió a la oficina de Miami vender millones de dólares en activos controversiales sin que las autoridades normativas se preguntaran dónde se invertían los fondos, según una investigación de The Miami Herald.

Los fiscales dicen que las inversiones --en su mayoría certificados de depósito-- debían haberse depositado en el banco de Stanford en Antigua con el fin de crear saludables ganancias para los clientes. Pero una vez que llegaba al banco, el dinero se desviaba en secreto para pagar los gastos personales de Stanford, como patrocinios deportivos, mansiones y una flota de jets privados.

Stanford y sus ayudantes mantuvieron la estafa durante años pagando a los inversionistas iniciales con el dinero de los más recientes, afirman los fiscales. Encausado bajo cargos federales de estafa, Stanford y sus asistentes están acusados de desviar $7,000 millones durante los últimos 10 años.

En los años que dirigió Stanford Financial Group, la oficina miamense con vista a la Bahía de Biscayne estuvo entre las más productivas de su imperio bancario.

Creada como una empresa de fideicomiso en paraíso fiscal --la única de su tipo en la Florida-- la oficina funcionaba sobre la base de un acuerdo único con el estado.

Desde el momento que Jasper llegó al lugar, encontró a empleados desviando cientos de miles de dólares al banco de Stanford en Antigua.

Pero no lo hacían por transferencia bancaria, como la mayoría de las instituciones financieras, sino llenando maletas con los cheques de los clientes para enviarlos al exterior.

"Tenían unas valijas que enviaban y recibían por correo expreso en aviones, y no teníamos acceso a eso'', apuntó Jasper. "Nunca había visto nada como eso''.

Jasper informó a sus supervisores, pero nunca le respondieron. "Tenían el informe en sus manos'', expresó Jasper.

Durante los años siguientes, la oficina siguió vendiendo cientos de millones de dólares en certificados de depósito sin que las autoridades estatales se cuestionaran de dónde salía y a dónde iba a para el dinero.

Expertos en lavado de dinero se cuestionan la decisión de las autoridades estatales hace una década de permitir que un banco caribeño disfrutara de tal libertad en territorio estadounidense.

"Es una locura absoluta'', manifestó Bill Branscum, ex agente del Tesoro federal. ‘‘Ese dinero podía haber salido de cualquier parte y llegado a cualquier mano --como narcotraficantes o terroristas-- y uno nunca se hubiera enterado''.

Las autoridades bancarias estatales dijeron que los agentes no encontraron pruebas suficientes para lanzar una investigación o tratar de cerrar la oficina.

"No encontramos nada que nos llamara la atención de algo indebido'', dijo Linda Charity, directora del Departamento de Instituciones Financieras de la Florida.

Pero la destrucción de documentos era suficiente para que el estado lanzara una investigación profunda de la operación.

Según el acuerdo con las autoridades, los agentes estatales tenían derecho a pedir todos los documentos de transferencia de dinero.

Si lo hubieran hecho, hubieran descubierto que los clientes que compraban certificados de depósitos en la oficina lo hacían en violación del acuerdo con el estado.

Además, hubieran descubierto que los empleados también ofrecían asesoría financiera, otra infracción.

"Todo lo que tenían que hacer era pedir los documentos'', apuntó Mark Tepper, ex fiscal de la Fiscalía Estatal de Nueva York que revisó los documentos oficiales de la Florida. "Tenían la autoridad para hacerlo''.

Sin embargo, como la Florida le permitió a Stanford crear una oficina de fideicomiso en paraíso fiscal extranjero --una entidad creada sólo para promover sus servicios-- los empleados no estaban sujetos a las leyes federales.

Pero cuando el estado autorizó la transferencia de dinero --un servicio sin precedentes-- creó un tipo de empresa completamente nueva, afirman expertos. Hasta hoy, las autoridades de la Florida alegan que no saben cómo Stanford recibió autorización para transferir dinero.

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