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La corrupción chavista no se investiga

Mientras la fiscalía general de Venezuela acelera un proceso de investigación y penalización por presunta corrupción contra el líder opositor Manuel Rosales, anunciando que podría ser encarcelado en breve, las indagaciones de las denuncias de corrupción contra una decena de líderes regionales identificados del chavismo, que abarcan desde cooperación con el narcotráfico hasta el pago de sustanciales comisiones, se encuentran virtualmente congeladas y sin avanzar.

En uno de los más agudos contrastes del sistema de justicia venezolano, las acusaciones contra media docena de ex gobernadores y alcaldes chavistas, entre ellos Jhonny Yánez Rangel (estado Cojedes) y Antonio Rodríguez (estado Vargas), ambos vinculados con hechos penados por la ley venezolana durante el juicio de la valija que tuvo lugar en Miami, esperan la apertura de una investigación oficial.

Uno de los ex mandatarios regionales que es acusador de Rosales, el ex alcalde de Maracaibo Giancarlo Dimartino, ha sido él mismo acusado de apoyar y proteger a la guerrilla colombiana, y de malversar unos $140 millones. Dimartino, que niega las acusaciones, no está actualmente investigado por la fiscalía venezolana.

El único caso notable cuya investigación ha culminado en una exoneración total de cargos, ha sido el de Hugo de los Reyes Chávez, padre del mandatario venezolano, que gobernó desde el 2000 hasta el año pasado el estado Barinas. Chávez padre fue acusado en numerosas ocasiones de enriquecimiento ilítico y de abuso de poder, pero recientemnete la Asamblea Nacional decidió que en ochos años de goboerno el ex goberndor de Barinas nunca cometió delito alguno.

Frente a las denuncias de presunta corrpución de mandatarios regionales chavistas, el contralor general Clodosbaldo Russián dijo esta semana que "todo aquel funcionario público que esté involucrado en presuntos casos de corrupción, será sometido a investigación y puesto a las órdenes de los organismos competentes''.

Russián defendió la labor de su organismo, que ha recibido repetidas acusaciones de parcializarse a favor del chavismo, afirmando que "muchas de las denuncias contra funcionarios no se consignan'', sino que se publican a través de los medios de comunicación.

Pero según critican los líderes de la oposición, ni la fiscalía general ni la contraloría han encausado y encarcelado a funcionario chavista alguno, con la excepción de aquellos que se convirtieron en disidentes u opositores al gobierno chavista.

Tal es el caso del ex gobernador de Yaracuy, Carlos Giménez, que fue encausado en mayo del 2008 casi inmediatamente después que anunció que se reelegiría en el cargo, contradiciendo una orden del presidente Chávez.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz acusó formalmente a Giménez de aprobar contrataciones sin licitar por unos $25 millones cuatro años antes. La fiscalía no explicó por qué había tomado cuatro años en presenter la denuncia.

En un caso similar, el ex gobernador de Portuguesa, Eduardo Manuitt, resultó imputado el 9 de diciembre del 2008 luego de las elecciones regionales, por la adquisición de cuatro equipos de aire acondicionados en una operación realizada en 1999. Manuitt, considerado en el pasado un chavista radical, se habia negado a seguir la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y apoyó el lanzamiento de su propia hija para sucederle en el cargo.

Si son condenados, ambos ex mandatarios enfrentan no solo un posible encarcelamiento, sino la inhabilitación política que les impedirá participar nuevamente en elecciones por un largo período de tiempo.

Según el jurista Tulio Alvarez, crítico del gobierno, el sistema judicial venezolano está tan controlado por el presidente Chávez que "no castigaa los chavistas comprobadamente incursos en hechos de corrupción''.

Se trata de lo que el gobernador opositor de Táchira, César Pérez Vivas, calificó esta semana como "judicialización de la política'', una estrategia para debilitar la dirigencia opositora abriendo juicios para encarcelarlos o inhabilitarlos políticamente.

Ocurrió el año pasado con líderes como Leopoldo López y Enrique Mendoza, ambos con una importante cuota de popularidad y que podrían significar una amenaza para el liderazgo del propio Chávez, indicó el politólogo Alfredo Keller.

La última de estas figuras de competencia, según analistas, es Manuel Rosales, actual alcalde de Maracaibo y potencial candidate presidencial para el 2012.

Rosales ha sido acusado por la fiscalía general de enriquecimiento ilícito, y podría enfrentar un apena de entre 3 y 10 años, si es encontrado culpable.

Entre los delitos que se le atribuyen están contrataciones irregulars de una operadora de la Lotería del Zulia, una de las mayores loterías públicas del país, la donación presuntamente irregular de más de 300 vehículos de la gobernación del estado Zulia, la compra de importantes propiedades a través de presuntos testaferros, entre ellos familiares y amigos, y más recientemente la supuesta vinculación del ex gobernador con los sobornos que la empresa Siemens admitió haber pagado para construir el Metro de Maracaibo, en la época en que Rosales era alcalde de la ciudad.

El diputado oficialista Mario Isea acusó también a Rosales de constituir una empresa en Miami cuyos activos superan los $11 millones, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas de la relación de Rosales con la firma, ni si esta empresa realizó operaciones financieras fraudulentas o producto de hechos de corrupción.

En contraste con las acusaciones en contra de Rosales, una lista de importantes figures y líderes del chavismo enfrentan señalamientos de graves hechos de corrupción que se encuentran en el "limbo'' de la justicia venezolana. Estos son los más destacados.

Luis Acosta Carlés. Este militar ex gobernador de Carabobo que desobedeció la línea partidista oficial y se lanzó por su cuenta a la reelección en diciembre del 2008, ha sido objeto de graves denuncias que hasta ahora no han sido investigadas por ningún organismo oficial. El actual gobernador del estado, el opositor Henrique Salas Feo, denunció que durante la gestión de Acosta Carlés se cedió el control del 20 por ciento del puerto de Puerto Cabello a una firma que estaba siendo investigada por sus vinculaciones con el narcotráfico, por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA). Salas Feo dijo que mientras Acosta Carlés fue gobernador, "se les otorgaron concesiones de los patios de Puerto Cabello a generales, almirantes, diputados, ministros, que les aportan al menos mensualmente $5 millones, imagínense las grandes ganancias que se están obteniendo allí''. Puerto Cabello fue señalado como el punto más activo en Venezuela de salida de cargamentos de droga hacia Estados Unidos y Europa, en un informe del 2008 del congresista norteamericano Richard Lugar.

Diosdado Cabello. Actualmente ministro de Infraestructura (Minfra), un cargo que ha ejercido en el pasado, Cabello fue gobernador de Miranda desde el 2004, y resultó derrotado por el opositor Henrique Capriles Radonsky. En el pasado, Cabello ha sido señalado de otorgar contratos "a dedo'' como titular de Minfra. La más reciente de las acusaciones en su contra se produjo el pasado 20 de diciembre del 2008, cuando Adriana D’Ellia, secretaria de la actual gobernación de Miranda, presentó documentos para demostrar irregularidades por unos $230 millones cometidas por el entonces el gobernador saliente. Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del regimen, ha negado cualquier responsabilidad en malos manejos de los dineros públicos.

Un hermano del ex gobernador de Miranda, José David Cabello, fue acusado por el diputado chavista Luis Tascón (el mismo de la famosa lista Tascón) de adquirir un lote de vehículos rústicos con un sobreprecio de 50 por ciento, cuando era un alto funcionario del Ministerio de Infraestructura (Minfra). Cabello es actualmente jefe del Seniat, que equivale al IRS norteamericano.

Jhonny Yánez Rangel. Gobernador del estado Cojedes entre el 2000 y el 2008, Yánez atrajo la atención cuando se revelaron sus estrechas vinculaciones con el empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson, luego de la detención de una maleta que portaba con $800,000 en un aeropuerto de Buenos Aires, a fines del 2007. Durante el juicio en Miami a un grupo de personas vinculadas al episodio de la valija, el empresario Carlos Kauffman declaró cómo pagó millones de dólares en comisiones a Yánez Rangel, por la obtención de contratos con el gobierno de Cojedes. Yánez reconoció que mantuvo una relación con varios de los implicados en el caso del maletín, entre ellos Antonini, Kauffman y Franklin Durán, recientemente condenado a 4 años de prisión. Pero negó las acusaciones en su contra y atribuyó las denuncias a una campaña mediática. Por su parte, la fiscalía general, que anunció una investigación del caso, ha mantenido el caso congelado.

La fiscalía "ha dejado de lado todas las investigaciones solicitadas'' contra los funcionarios públicos implicados en el caso del maletín, dijo Alberto Solórzano, dirigente del opositor Movimiento Al Socialismo (MAS). Hasta ahora, la fiscalía ordenó la congelación de los bienes de los empresarios denunciantes, pero no los de los denunciados, cuestionó Solórzano.

Antonio Rodríguez. Gobernador del estado Vargas entre el 2000 y el 2008. Al igual que su colega del estado Cojedes, el empresario Carlos Kauffman también lo señaló como recipiente de una comisión de $3 millones a cambio de otorgar un contrato de $30 millones para obras en el estado, y $300,000 en contribuciones electorales. Rodríguez no negó sus lazos con Kauffman, pero dijo que no hubo irregularidades en los contratos. ‘‘Ciertamente la empresa [de Kauffman] laboró con la gobernación de Vargas, pero para la ejecución de tres obras de poca monta, cuya inversión alcanzada los 120 millones de bolívares” (unos $50,000), declaró Rodríguez. Pero negó que hubiese recibido "dinero para la campaña electoral''.

Francisco Rangel Gómez. Logró su reelección como gobernador del estado Bolívar en diciembre pasado y es considerado el hombre fuerte de Guayana, la segunda región industrial más importante del país, donde se ubican las empresas estatales. Una denuncia realizada contra el gobernador Rangel sobre el destino de $15 millones que pagó la empresa canadiense Cristallex para asegurarse una concesión de explotación de oro en la reserva aurífera de Las Cristinas, se encuentra "engavetada'' en un tribunal del estado Bolívar. Más recientemente, el líder opositor Andrés Velásquez denunció la adquisición por parte de Rangel de un "lujoso'' jet Beechcraft 400, a un costo de varios millones de dólares, a pesar de que la gobernación de Bolívar cuenta ya con varios aviones para uso oficial.

Juan Barreto. El ex alcalde metropolitano de Caracas fue denunciado el año pasado de causar "daño patrimonial'' de más de $50 millones, correspondientes al pago de una nómina "ilegal'' de 7,764 empleados, entre ellos guardaespaldas de once diputados chavistas, y miembros de grupos paramilitares prochavistas que funcionan en barriadas populares de la capital venezolana. "Aquí están los documentos que hablan claramente de que se usaba el poder de manera desordenada y abusiva'', denunció el abogado Ismael León, miembro del opositor partido Primero Justicia. Barreto también ha sido objeto de denuncias de malversación de fondos para la adquisición de propiedades de costo elevado con presunto sobreprecio. El ex alcalde chavista, que recibió elogios del presidente Chávez luego de salir de su cargo, ha negado todos los señalamientos. Ningún organismo oficial se ha echo eco de las denuncias.

José Vicente Rangel Avalos. El ex alcalde de Sucre que es hijo del ex vicepresidente José Vicente Rangel, ha sido objeto de acusaciones por parte de sus propios correligionarios chavistas desde el 2006. La presidenta del consejo municipal de Sucre, Isabel Rada, calificó como un "cangrejo'' o caso sin resolver la construcción del nuevo hospital Pérez de León, que ha consumido hasta ahora unos $30 millones, cuatro veces el monto planeado. "Yo pido que se investiguen las evaluaciones y el plan de ejecución de la obra porque estoy segura de que están atrasados, han echado los reales en un barril sin fondo'', exigió Rada, quien vinculó en las irregularidades al ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega, otro de los señalados de recibir grandes comisiones por parte del empresario Carlos Kauffman. La concejal y miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela presentó documentos que probaron que una de las contratistas de la alcaldía eran propiedad de familiares del ex alcalde Rangel Avalos.

Giancarlo Di Martino. El ex candidate a la gobernación de Zulia y ex alcalde de Maracaibo, ha estado en el centro de denuncias de malversación de unos $140 millones en fondos públicos de la alcaldía que presidió hasta el año pasado, según el concejal de Maracaibo Daniel Ponne. "Sacrificó el dinero de la inversión social'', indicó Ponne, quien solicitó a la contraloría general "tomar acciones para determinar el paradero del dinero''.

Di Martino fue vinculado el año pasado de prestar apoyo a grupos de la narcoguerrilla colombiana que funcionan en la frontera del estado Zulia con Colombia. Las denuncias han sido calificadas de show mediático por parte de Di Martino.

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