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Polémica por vehículos espías para Colombia

El servicio de inteligencia de Colombia, que ya atraviesa por un escándalo de grabaciones ilegales a críticos del gobierno y magistrados de la Corte Suprema, ahora enfrenta una nueva complicación: una agria disputa jurídica en Miami relacionada con la compra de vehículos de espionaje.

Tres empresas se han demandado y contrademandado en la corte del Condado Miami Dade alegando el incumplimiento en pagos y entregas de las furgonetas especialmente diseñadas para interceptar y grabar conversaciones en casas, oficinas y calles.

La disputa ha sacado a relucir detalles inconvenientes para el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en medio de una crisis que plantea la posibilidad de que el organismo sea cerrado por el abuso en la interceptación de llamadas y la infiltración por parte de paramilitares a sus niveles más altos.

En el centro de la disputa está la empresa colombiana Colvista Ltda, a la que el DAS contrató la adquisición de los vehículos. Colvista ha pedido un orden judicial para que Phoenix Worlwide Industries (PWI), con sede en la Florida, permita la exportación de los vehículos sobre la base de que ya se pagaron.

PWI alega en otra demanda que Colvista no ha pagado y exige la devolución de los cuatro vehículos entregados hasta el momento. PWI también demandó a la empresa transportadora de los vehículos.

Según documentos presentados en el tribunal, la historia del litigio es la siguiente. A finales del 2007 el gobierno colombiano adjudicó a Colvista el contrato de los vehículos, descritos técnicamente como plataformas de vigilancia encubierta, así como de seis sistemas móviles de video para labores de inteligencia.

El DAS recomendó que Colvista adquiriera los equipos a PWI. La secretaria general del DAS, Liliana Pérez Uribe, firmó el contrato con Colvista el 31 de diciembre de 2007. PWI sostiene que ellos también fueron parte del contrato.

A su vez, Colvista asegura que una vez que el DAS tomó la decisión de comprar los equipos, la empresa firmó una orden de compra de cinco plataformas y cinco sistemas de video con PWI. En agosto del 2008 se agregó al pedido un vehículo más y otro equipo de video.

Por tratarse de equipos avanzados de inteligencia, PWI debió obtener un permiso especial del Departamento de Estado en el que certificó que los aparatos se usarían para combatir el narcotráfico y la subversión.

Los vehículos no tienen ninguna identificación que indique su trabajo. Según los abogados de Colvista en Miami, la empresa pagó a PWI $1.1 millones por las tres primeras furgonetas, "pese a que no cumplían las especificaciones técnicas requeridas’’.

Como PWI incumplió la entrega de cinco de los equipos de video, agrega la demanda, el pedido fue cancelada.

Colvista ha pedido a la juez del caso que ordene a PWI la inmediata exportación a Colombia de dos vehículos que la empresa se niega a liberar, un Mitsubishi Fuso 145 y un Dodge Sprinter Van por un valor de $836,616.

Los vehículos están en Miami bajo la custodia de ARC-Logistics Miami International, la firma de transporte contratada para el envío a Colombia.

Edward M. Joffe, abogado de Colvista en Miami, declaró a El Nuevo Herald que PWI no completó la instalación de equipos en los vehículos porque se quedó sin fondos y que ahora Colvista ha tenido que correr con esos gastos. Por esta razón las cuatro furgonetas que están en Colombia no han entrado en servicio, agregó Joffe.

El abogado sostuvo que no hay ninguna duda de que Colvista es la propietaria de los vehículos. La versión de PWI es diametralmente opuesta: la empresa asegura en los documentos judiciales que los vehículos no se exportaron porque Colvista y el DAS no pagaron ciertas cantidades señaladas en el contrato.

Por esta razón, el 30 de diciembre del 2008 PWI advirtió al DAS, a Colvista y a ARC que los vehículos no saldrían del país y había que devolverlos a la empresa.

Luis S. Konski, abogado de PWI, explicó a El Nuevo Herald que las furgonetas, tanto las que se enviaron a Colombia como las que quedan en Miami, son de propiedad de esa firma.

Según Konski, los vehículos se enviaron a Colombia sin terminar no porque la empresa no tuviera dinero sino porque Colvista indicó que debían enviarse de inmediato y allí los terminarían.

"Era tal la premura que pretendían desarmar uno de las furgonetas para enviarla por avión. Nosotros le advertimos que si lo hacían terminarían destruyéndola'', explicó Konski.

Pero las cosas se complicaron aún más, según Konski. Cuando PWI pidió a ARC-Logistics la devolución de los vehículos, la empresa cobró el almacenamiento y protección de los vehículos, algo que PWI consideró desproporcionado. Ahora la firma se niega a entregar los vehículos y les ha impuesto un embargo preventivo, alega la demanda.

En su respuesta a la petición de Colvista de ordenar la exportación inmediata de las furgonetas, PWI alega que Colvista no ha demostrado los elementos que justifican esa solicitud y que el perjuicio potencial que puede causarle el incumplimiento ante las autoridades colombianas, no está tipificado como daño irreparable en las leyes de la Florida.

La jueza Gill Freeman dijo que en una audiencia el primero de abril escuchará a las partes sobre la demanda presentada por Colvista.

Hace dos semanas el DAS fue el centro de un escándalo de corrupción. La revista Semana reveló que la entidad interceptaba llamadas de magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales, fiscales y altos miembros del gobierno.

La revelación sobre las escuchas ilegales provocó la renuncia de Jorge Alberto Lagos, subdirector de contrainteligencia, y de otros dos altos funcionarios del DAS. El presidente Alvaro Uribe negó haber ordenado la interceptación de las llamadas.

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, pidió que se analice la posibilidad de clausurar el organismo de inteligencia.

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