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Preocupa que la Policía indague por estatus

Los inmigrantes corren el riesgo de salir a la calle y de que el policía que los detenga por conducir a alta velocidad o por haber cometido alguna infracción de tránsito sea el mismo que inicie su proceso de deportación, en caso de que no estén legalmente en el país.

Esta legislación, identificada por el código 287(g), ha sido ampliamente criticada por activistas y organizaciones que apoyan los derechos de los inmigrantes, además de un reporte independiente realizado por el gobierno.

La ley tiene vigencia en muchos estados de la nación, incluyendo a la Florida, que fue el primero en firmar un acuerdo de entendimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el 2002, que autoriza a los policías estatales a actuar como agentes de inmigración.

Afortunadamente, el condado Miami-Dade no tiene este acuerdo y la policía local ha asegurado que no realizará funciones de inmigración, aseguró Cheryl Little, directora ejecutiva de Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC) en Miami, una organización sin fines de lucro que aboga por los derechos de los inmigrantes.

Aún así, Little ha recibido reportes de atropellos cometidos por algunos policías locales --aunque pocos-- que preguntan por el estatus migratorio de las personas que son detenidas por violaciones de tránsito.

Pero la policía estatal sí tiene plenos poderes para aplicar la 287(g), en cualquier circunscripción del estado.

"Además del acuerdo a nivel estatal, muchos condados quieren unirse. Pero el jefe de la Policía de Miami nos ha asegurado que no participará de él'', dijo Little.

El propósito de la 287(g) es el de atrapar, con el uso de la policía local y estatal, a los criminales que estén ilegalmente en el país y acelerar su proceso de deportación.

Sin embargo, muchas organizaciones pro inmigrantes critican el programa alegando que ha servido para justificar las redadas en barrios y zonas en que se reúnen los inmigrantes, y para detener a cualquier persona sin que se tenga presunción alguna de que haya cometido un crimen.

"Este programa no funciona y crea desconfianza y confusión entre las comunidades y la policía local. Además, aumenta el riesgo de que se hagan arrestos con base en la raza'', afirmó Charles H. Kuck, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Para el Foro Nacional de Inmigración (NIF) con sede en Washington, combinar las leyes civiles de inmigración con las criminales distrae a la policía local de sus funciones dentro de la comunidad.

"En lugar de concentrarse en los criminales peligrosos, se abre la puerta para la persecución de trabajadores y familias de inmigrantes, a los que cometen infracciones menores de tráfico y a otros que no representan ninguna amenaza para el país'', dijo Ali Noorani, director ejecutivo de NIF.

El costo de poner en marcha este programa ha sido también objeto de cuestionamientos, poniendo como ejemplo el efecto que tuvo la 287(g) en Arizona.

De acuerdo con el Inmigration Policy Center (IPC), un centro de estudios sin fines de lucro, la oficina del alguacil del condado Maricopa, en Arizona, tuvo un déficit de $1.3 millones a los tres meses de iniciado el programa.

Las horas extras de trabajo de los oficiales llegaron a 4,500 en un período de dos semanas, comparadas con las 2,900 anteriores.

En abril del 2007, los oficiales habían trabajado más de 9,000 horas extras, que le costaron al condado $373,757.

"El costo de esta ley es enorme para las comunidades... esperamos que el actual gobierno encuentre la manera de crear nuevas leyes que restauren el orden y el respeto de los derechos civiles'', dijo Angela Kelly, directora del IPC.

El estudio más reciente realizado por Justice Strategies, un centro de investigación no partidista y sin fines de lucro en Washington, concluyó que el programa:

* Pone en riesgo la seguridad de las comunidades porque en lugar de perseguir a los criminales peligrosos, los policías arrestan y encarcelan a inmigrantes, sin que necesariamente hayan cometido un crimen.

* Abre la posibilidad de abusos de poder y violación de derechos civiles, por la poca supervisión del ICE.

* Los costos de las detenciones no son financiados por el ICE y los gobiernos estatales y locales deben incurrir en gastos adicionales al realizar el trabajo de oficiales de inmigración.

Por su parte, el gobierno federal, a través de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO), también dio a conocer un reporte sobre el impacto de esta legislación, concluyendo que el ICE no tiene control sobre el programa, ‘‘dificultando que opere según el propósito para el cual se creó''.

En otras palabras, el ICE "no ha aclarado'' a las agencias que han firmado el acuerdo que el propósito del programa es perseguir a los criminales peligrosos que no tienen residencia legal en el país.

Pero, según la GAO, muchos de los participantes lo han "usado como autoridad para procesar a individuos por delitos menores como conducir a exceso de velocidad, algo contrario al objetivo original''.

El Departamento de Seguridad Territorial (DHS), del que depende el ICE, ha aceptado las observaciones de la GAO y aseguró que implementará medidas correctivas.

kerodriguez@elnuevoherald.com

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