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Chávez ataca a importantes empresarios

Como siguiendo un libreto con las recetas para establecer y consolidar un sistema comunista, el gobierno venezolano está arreciando las intervenciones a propiedades privadas, impulsando la creación de comunas de producción, y agudizando la lucha de clases atacando a los más importantes empresarios y banqueros de Venezuela con una fuerza inusitada.

La expropiación e intervención esta semana de una decena de haciendas y centros de producción agrícolas, varios de ellos propiedad de dos de las familias empresariales más poderosas del país petrolero, está marcando el inicio de una nueva fase de intevencionismo estatal, justo cuando el gobierno está por enfrentar la peor crisis económica en una década.

El jueves pasado, el propio presidente Chávez amenazó con expropiar el grupo de empresas Polar, perteneciente a la familia Mendoza, la segunda más rica de Venezuela, que controla un emporio de producción de alimentos de consumo masivo. Al mismo tiempo, amenazó con intervenir una Central Azucarera propiedad del grupo Cisneros, cuyo propietario es Gustavo Cisneros, que ostenta la mayor fortuna privada venezolana, según la revista Forbes.

El gobierno también mantiene bajo presión a importantes banqueros y entidades financieras, y mantiene intervenidas a algunas de las mayores aseguradoras privadas del país. Varios hombres de finanzas han sido víctimas de ataques criminales y legales.

El banquero Germán García Velutini, vicepresidente del Banco Venezolano de Crédito, uno de los más antiguos del país, fue recientemente secuestrado por grupos vinculados a la guerrilla colombiana, que durante el plagio utilizaron armas de fabricación rusa similares a las usada por los grupos guerrilleros, según informó la policía judicial venezolana.

Agencias de inteligencia norteamericanas han advertido de las vinculaciones del gobierno venezolanos con los subversivos colombianos.

El empresario y banquero Eligio Cedeño, ha sido mantenido en prisión por más dos años, un período superior al establecido por la ley, a pesar de que la fiscalía no ha sustentado las acusaciones en su contra. Según su abogado Richard Amsterdam, quien ha denunciado repetidamente el caso, Cedeño es mantenido en prisión porque representa una amenaza a la popularidad del presidente Chávez.

Otros tres banqueros, los hermanos Juan, Gabriel y Leopoldo Castillo, accionistas principales de Banvalor, son el centro de una investigación por parte de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adquisición de bonos de la deuda pública venezolana y de la petrolera estatal Pdvsa. Los hermanos Castillo han sido vinculados al líder opositor Henrique Capriles Radonsky.

En un discurso que según analistas exacerbó el enfrentamiento entre clases en Venezuela, el presidente Chávez ordenó recientemente una investigación nacional para determinar en cada estado del país el número de "oligarcas'', especialmente propietarios de medios de comunicación, dentro de una estrategia de "guerra mediática''.

Durante una alocución a la Asamblea Nacional el pasado viernes 27 de febrero, cuando se conmemoró el 20 aniversario del "Caracazo'', un día de saqueos multitudinarios que sacudió al país en febrero de 1989, Chávez criticó a quienes han venido advirtiendo de nuevos "caracazos'', negando que el país "palpita como una bomba''.

En sus palabras Chávez dijo que la oligarquía actúa "de manera irracional'', aunque "se ponga finas corbatas y vayan a peluquerías'', y advirtió que si se produce un estallido social, "ellos perderían mucho más''.

"Ustedes creen, oligarcas de Venezuela, que si aquí hubiera otro Caracazo ¿los militares vamos a salir como entonces a rociar de metrallas y de muerte las calles del pueblo y a los pobres? No lo haríamos, nos uniríamos al pueblo pobre'', anticipó el mandatario.

El presidente Chávez recrudeció un giro ideologizante afirmando que las intervenciones apuntan a la "ruptura del modelo capitalista burgués, desmontando la superestructura que soporta la reproducción capitalista en el plano constitucional y legal, sentando las bases para la construcción de un nuevo modelo de producción fundamentado en nuevas relaciones de producción, nuevas formas de propiedad''.

Atizando el enfrentamiento, el ministro de Tierras, Elías Jaua, criticó que "muchas veces el gobierno tiene ofensivas contra la oligarquía y no hay pueblo movilizado que lo respalde''.

"Hace falta que la iniciativa sea del pueblo antes que el gobierno salga a ocupar una fábrica. Las amas de casa, los consejos comunales de los barrios y campos deben exigirle al Gobierno que sea contundente contra la oligarquía, para que podamos ir construyendo un verdadero poder popular'', dijo el ministro.

El viernes Jaua protagonizó la intervención de una finca de la cartonera irlandesa Smurfit Kappa, que funciona en Venezuela desde 1954.

La intervención se produjo luego que el presidente Chávez afirmara el día anterior que la siembra de 1,500 hectáreas de eucalipto que la empresa mantenía afectaban el medio ambiente proque los árboles absorbían el agua del subsuelo y secaban los ríos aledaños.

Smurfit informó que la finca tiene un valor de unos $750,000 y que sus inversiones en Venezuela representan el 25 por ciento de su presencia en América Latina, y el 15 por ciento de sus ganancias mundiales.

Para complicar el panorama, Jaua dijo que Smurfit será compensada "si demuestra la propiedad de las tierras y las construcciones que han realizado en el área''.

Por otra parte, el recién nombrado ministro de Comercio, Eduardo Samán, estrenó su cargo advirtiendo que la revolución agrícola "apenas comienza'', y ordenó esta semana la retención de 380 toneladas de azúcar de la empresa Central Azucarero de Portuguesa, propiedad del grupo Cisneros, que preside el magnate Gustavo Cisneros.

Samán dijo que el caso se encuentra en manos del Poder Judicial y advirtió que si se detecta una violación a las regulaciones por parte del grupo Cisneros, "los responsables serán imputados''.

Durante esta semana, el gobierno intervino una serie de firmas de alimentos masivos, entre ellas la empresa Arroz Mary, con sede en el estado Portuguesa, para garantizar que el 90 por ciento de la producción "vaya dirigido al producto regulado''.

Pero han sido las amenazas gubernamentales contra el grupo Polar, controlado por la poderosa familia Mendoza, las que más han elevado las alarmas.

La amenaza lanzada el viernes por el presidente Chávez se produjo luego que voceros del grupo empresarial aclararan que la escasez de productos masivos como arroz y harina de trigo se debía a la escasez de material prima, y no a una intención de acaparar el producto porque el gobierno quiere que se venda a precios regulados.

"Obligar a la empresa a producir arroz a pérdida no resuelve el problema sino que lo agrava. Es fundamental que se garantice el acceso a la materia prima, incentivando la producción en el campo, y se haga una revisión adecuada de precios'', dijo Luis Carmona, directivo de Polar.

"Mientras más difícil se torne la vida con inflación, menos recursos, escasez y violencia, peor se comportará el régimen'', estimó el diplomático y político venezolano Diego Arria.

ocasto@herald.com

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