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Fallos de extradición preocupan a Estados Unidos

Dos decisiones recientes de la Corte Suprema de Colombia relacionadas con la extradición de dirigentes guerrilleros ha dado lugar a temores de que los estadounidenses que viajen a ese país podrían correr un mayor riesgo de ser secuestrados, y los que abogan por los derechos humanos se quejaron el jueves de la extradición de dirigente paramilitar cuya partida, según ellos, podría hacer más difícil para los investigadores seguir las pistas de asesinatos sin resolver.

La extradición ha sido un medio importante de ambos gobiernos para acorralar y desmantelar organizaciones criminales.

Las decisiones del Supremo de Colombia en Febrero señalaron un cambio importante en la política de ese país en cuanto a la extradición y han puesto a ambos gobiernos en una disyuntiva sobre cómo lidiar con secuestros futuros, tráfico de armas u otros casos relacionados con respaldo material de algún grupo conocido como terrorista.

El caso trata de dirigentes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo rebelde responsable de los secuestros de tres contratistas estadounidenses liberados en una osada misión de rescate de las fuerzas militares colombianas, juntamente con la política franco colombiana Ingrid Betancourt y 11 miembros del personal militar colombiano. Los tres norteamericanos, Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, han publicado un libro sobre la odisea.

El mero peligro de la extradición puede causar inquietud interna en una organización, dando lugar a un aumento de cooperación entre sus miembros y acelerando su desaparición.

Con eso en mente, Estados Unidos ha estado fomentando sus argumentos, de casos contra miembros de las FARC, esforzándose por asfixiar a los rebeldes.

Pero el dictamen del Supremo es un revés significativo en ese esfuerzo, y según el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto, podría socavar el mecanismo legal enteramente.

"El peligro que veo en esas extradiciones es que ponen en peligro la extradición, que ha sido básica en la lucha contra el narcotráfico'', dijo Nieto en una entrevista telefónica. "Eso es una interpretación restrictiva [de la ley de extradición] que creo favorece a los delincuentes''.

Una tercera extradición el jueves relacionada con un cacique paramilitar ahora está suscitando temores entre los grupos pro derechos humanos que dicen que la partida de los capos que cooperan crea el peligro de dejar cientos de asesinatos sin resolver.

Herbert Veloza, alias "HH'' ha admitido haber matado personalmente más de 100 personas y reconocido que miembros de su grupo han matado a cientos más. Y es el jefe paramilitar colombiano número 17 extraditado a EEUU en menos de un año para confrontar cargos de narcotráfico.

Algunos activistas de derechos humanos se quejan de que la extradición de Veloza, aunque dilatada seis meses por esfuerzos de ellos, permitirá que muchos crímenes cometidos bajo su mando se queden sin castigo, según reporta la AP.

También dicen que esto podría prevenir la recuperación de cientos de cadáveres que todavía están en tumbas anónimas, aunque el gobierno de EEUU ha prometido darles a los fiscales colombianos amplio acceso a los jefes encarcelados.

"No había motivo para aprobar las extradiciones con esa urgencia'', dijo a la AP Iván Cepeda, portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado. "No pedimos que no lo extraditaran. Solamente que se pospusiera hasta que lo confesara todo''.

La fiscal Nubia Chávez dice que Veloza ha admitido 480 asesinatos por parte de combatientes bajo su mando, incluyendo los de otro notorio jefe, Carlos castaño, en el 2004. Añadió que hay otros cientos aún sin resolver.

Veloza, de 41 años, fue un alto lugarteniente de los hermanos Castaño,que fundaronlas milicias ultraderechistas colombianas en los años 80. Inicialmente respaldados por narcotraficantes y rancheros para defenderse de los secuestros y la extorsión de los rebeldes izquierdistas, los ejércitos privados desarrollaron mafias regionales.

La fiscalía afirma que ellos cometieron muchos más de 10,000 asesinatos y robaron millones de acres de tierra, a menudo en abierto choque con los líderes políticos y de negocios locales.

Capturado en abril del 2007, Veloza está entre los caudillos encarcelados que han cooperado más con la fiscalía bajo la ley "Justicia y Paz'' que les ofrece condenas reducidas como parte de un pacto de desmovilización.

En juego están los casos de Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, y Gerardo Antonio Aguilar Ramírez, alias César. En febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que Estados Unidos carecía de jurisdicción sobre los colombianos en ciertos crímenes cometidos en suelo colombiano, incluyendo ‘‘tomar rehenes'', refiriéndose a los secuestros.

Las decisiones parecen contradecir un dictamen del 2004 que aprobó la extradición de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, sobre las mismas bases. Lo mismo que Trinidad, Gafas y César fueron acusados de secuestrar a tres contratistas del Pentágono que fueron rescatados el año pasado. El tribunal, no obstante, autorizó la extradición de Ramírez bajo cargos de tráfico de drogas.

Luego de la primera decisión que denegó la extradición a Gafas a principios de febrero, el embajador de EEUU William Brownfield dijo a la prensa colombiana que estaba "confuso''. Tras el tribunal aprobar la extradición de César, él amplió su declaración.

"Aunque aceptamos estas decisiones, debemos señalar que el tribunal ha llegado a conclusiones diferentes en varias ocasiones anteriores en casos con hechos similares'', dijo.

Los departamentos de Estado y de Justicia de EEUU están ahora preparando un severo mensaje, o ‘‘nota diplomática'' para el gobierno colombiano sobre el tema, pero los funcionarios de la embajada no quisieron especular sobre cómo estas decisiones podrían afectar las relaciones entre ambos países.

Los críticos de la extradición han buscado por mucho tiempo limitar su uso solamente a los casos más extremos. Ellos aducen que el presidente Alvaro Uribe, quien ha extraditado a unos 900 sospechosos de crímenes a EEUU desde su toma de posesión en el 2002, ha abusado de este mecanismo para congraciarse con Washington.

"La extradición tiene que regresar a su función original'', dijo Alfonso Gómez Méndez, ex ministro de Justicia de Colombia. "La extradición se ha desfigurado, y se ha convertido en una herramienta política, especialmente en este gobierno. . . Yo estoy de acuerdo con las decisiones del tribunal''.

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