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Cuestionan informe sobre deportaciones de padres de niños norteamericanos

Un informe oficial reveló que de 2.1 millones de personas deportadas en los últimos 10 años, más de 108,000 eran padres de niños nacidos Estados Unidos, una cifra cuestionada por el propio gobierno y criticada por algunas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.

La Oficina del Inspector General (OIG) adscrita al Departamento de Seguridad Territoral (DHS), criticó al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) por no haber documentado con exactitud el número de padres cuyos hijos habían nacido en el país.

Según el reporte, el ICE también falló en no recolectar información sobre situaciones en que ambos padres fueron deportados; el tiempo que vivieron en el país antes de ser repatriados y si los menores ciudadanos permanecieron en Estados Unidos tras la salida de uno o dos de los padres.

Esta información es vital para evaluar propuestas legislativas o las políticas que pueden ayudar a reducir o prevenir deportaciones de estos padres en circunstancias específicas, señala el reporte.

También indica que los costos y beneficios de estas políticas se hubieran podido calcular mejor, si la información sobre "la magnitud y características de los padres deportados hubiera estado disponible''.

La mayoría de las deportaciones se dieron porque las personas estaban en el país sin autorización o por la comisión de delitos.

"Nunca se preocuparon en averiguar si los deportados tenían hijos, si estaban enfermos o no, o si los niños tenían dificultades con la partida de alguno de sus padres'', manifestó Nora Sándigo, una activista de Miami que tiene la custodia legal de 600 niños cuyos padres han sido repatriados o tienen orden final de deportación.

Sándigo, quien tiene pendiente una demanda en la Corte Suprema en la que reclama los derechos constitucionales de estos menores, indicó que en este caso, el gobierno "es insensible'' y no quiere escuchar las consecuencias impredecibles de esta situación.

La activista habla de ‘‘resentimiento social'' y consecuencias "irrreversibles'' por la pérdida y el sufrimiento de los menores cuyos padres han sido deportados.

En cuanto a la cifra de 108,000 padres con hijos ciudadanos que fueron deportados entre 1998 y el 2007, Sándigo sostuvo que es errónea.

Según conversaciones con las familias que han pasado por la deportación y por la información recaudada por su oficina, Sándigo calcula que 8 de cada 10 personas deportadas tienen al menos un hijo nacido en Estados Unidos.

Pero aún así, Sándigo considera que la cifra pone en evidencia que "el gobierno reconoce que hay un problema, un dolor, un daño psicológico y moral con estos niños que son ciudadanos norteamericanos''.

El reporte oficial, por su parte, asegura que los daños de estas deportaciones son mayores, porque los menores nacidos en Estados Unidos no tienen independencia legal, ni financiera, y tampoco pueden reclamar beneficios migratorios para sus padres sino hasta después de que cumplen 21 años.

De allí que la OIG haya recomendado al ICE analizar la posibilidad de recolectar información acerca de los deportados, para saber quiénes son padres de niños norteamericanos, así como para saber si los hijos de los deportados son menores de edad o adultos.

"La nueva información sobre la edad de los niños ayudará a establecer los efectos que las deportaciones de los padres tienen en los menores que son ciudadanos norteamericanos'', dice el informe.

El ICE dijo estar de acuerdo con las dos recomendaciones y señaló que iniciará un estudio en un plazo de 60 días a partir de la fecha del reporte.

En el pasado, la ley de inmigración establecía un "alivio discrecional'' si la persona a ser deportada por una condena criminal tenía la residencia permanente.

Todo dependía de los lazos que tuviera en el país, tales como esposa e hijos, y si podía demostrar ante un juez los efectos negativos de su repatriación.

Además, las deportaciones podían suspenderse si las personas tenían más de siete años viviendo en el país, buen carácter moral y si la deportación resultaría en daños irreparables para sus familiares en Estados Unidos.

Pero en 1996, la ley aumentó la lista de delitos graves por los que se puede deportar a una persona, e incorporó delitos menores que antes no eran considerados como graves.

Además de los delitos por muerte, drogas y tráfico de armas de fuego, ahora se consideran delitos graves todos los de violencia y robo, cuando la condena es de más de un año de cárcel.

Actualmente, las personas que cometan ofensas que no sean delitos graves pueden solicitar un perdón, pero bajo circunstancias limitadas y demostrando ‘‘daños extremos'' para sus familiares, en caso de ser deportados.

kerodriguez@elnuevoherald.com

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