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Costa Rica y Panamá, paraísos fiscales de las empresas de EEUU

Costa Rica figura junto a Panamá como uno de los 50 paraísos fiscales preferidos de las mayores empresas de Estados Unidos y de los principales contratistas del gobierno federal, según un informe de la Oficina de Fiscalización del Congreso (GAO).

Según el estudio, 83 de las 100 mayores empresas estadounidenses que se cotizan en bolsa corporaciones tienen filiales en alguno de los 50 países en que resulta más fácil burlar el pago de impuestos federales.

Sin embargo, el informe advierte que el establecimiento de esas filiales no significa necesariamente que lo hicieron con el propósito de aliviar su carga tributaria.

El informe señala que el objetivo fue responder a una petición de los senadores Carl Levin y Byron Dorgan sobre cuántas de las mayores 100 compañías estadounidenses que se cotizan en bolsa tienen filiales en los países donde se facilita esa operación.

La firma que aparece con mayor número de filiales en paraísos fiscales es Citigroup, con 427, de ellas 17 en Panamá y 19 en Costa Rica. En Hong Kong tiene 40.

Un total de 12 empresas de las 83 tienen el 50 por ciento de sus filiales en países con paraíso fiscal.

Los investigadores de GAO reconocieron la dificultad de definir el término "paraíso fiscal'' y no se comprometieron con una definición, pero después de consultar tres fuentes institucionales elaboraron una lista que, además de Pa-namá y Costa Rica, incluyó a Antigua, Aruba, las Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Islas Vírgenes y Granada.

Entre los criterios para definir "paraíso fiscal'', la investigación señaló que se tuvo en cuenta las jurisdicciones donde las filiales no están obligadas a declarar impuestos; donde no hay un intercambio de información tributaria efectiva entre el país en cuestión y Estados Unidos y existe una "falta de transparencia en la implementación de las normas legislativas, judiciales y administrativas''.

También se consideró la ausencia de una presencia física de la filial.

Mientras que Panamá se considera paraíso fiscal según las tres fuentes consultadas por el GAO --la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas y las citaciones judiciales del Servicio de Rentas Internas (IRS)--, Costa Rica sólo aparece al aplicarse el novedoso criterio del IRS.

Las notificaciones del IRS son citaciones proferidas por los tribunales estadounidenses para obtener información de contribuyentes estadounidenses que aparecen con firma autorizada en bancos o cuentas de tarjetas de crédito expedidas por esos bancos en 34 países.

Un tribunal de distrito del norte de California justificó estas notificaciones basándose en un informe de un funcionario del IRS en que se afirma que, según su experiencia, estas personas ‘‘podrían haber omitido ingresos, evadido impuestos o de alguna manera infringido violando las leyes tributarias de Estados Unidos''.

Las empresas con filiales en Panamá, según el informe, son: Abbot Laboratories (2), Altria Group (2), American Express (1), American International Group (1), Caterpillar (3), Cisco Systems (1) Citigroup (17), Dell (1), Ingram Micro (1), Johnson & Johnson (1), Kraft Foods (1), Merk & Co. (2), Morgan Stanley, News Corp,(1) Pepsi (1), Pfizer (3), Sunoco (1) y The Procter and Gamble Group (3).

En Costa Rica:

Abbot Laboratories(1), Altria Group (2), Caterpillar (1), Cisco (1), Citigroup (19), Coca-Cola (1), Countrywide Financial (1), Dell (2), Dow Chemical (1), Fedex (1), Hewlett-Packard (1)

Intel (1), International Business Machines Corp. (1), Kraft Foods (3), Pepsi (2), Pfizer (2), Tech Data (1), The Procter & Gamble Company (3) y United Health Group (2).

Los investigadores del GAO advirtieron en el informe que el subsecretario del Departamento del Tesoro expresó su preocupación de que la lista de países en la categoría de paraísos fiscales se considere una "lista negra'' y pueda usarse para la imposición de sanciones.

El GAO respondió argumentando que su reporte no presenta ninguna recomendación al Congreso sobre cambios en la política tributaria o internacional.

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