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El Supremo venezolano reta sentencia de la Corte Interamericana

En un abierto desafío al sistema interamericano de justicia, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela desconoció el martes una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ordenaba restituir a tres magistrados despedidos por razones políticas, argumentando "usurpación de funciones'' por parte del organismo continental.

En un escrito dado a conocer el martes, los magistrados de la Sala constitucional del TSJ explicaron que la decisión del organismo interamericano desconoce "la firmeza de las decisiones de destitución que recayeron sobre los ex jueces'', y la califica de "evidente usurpación de funciones''.

El pronunciamiento del TSJ venezolano respondió a la sentencia de la CIDH emitida en agosto del 2008, que ordenó reintegrar en sus cargos a los magistrados Perkins Rocha, Ana María Ruggieri y Juan Carlos Paitz, resarcirlos económicamente, y exigió a la Asamblea Nacional la aprobación de una ley de protección a los jueces, en el plazo de un año.

Se trata de la primera decisión de una corte internacional que condena al Estado venezolano, desde que el presidente Hugo Chávez llegó al poder en 1999, y que involucra la presencia cubana en Venezuela.

De acuerdo a la versión oficial de Venezuela, los ex jueces fueron destituidos por cometer "un error judicial inexcusable'' en la compraventa de un terreno.

Sin embargo, la corte interamericana convalidó la denuncia de los propios jueces afectados, según la cual fueron destituidos por razones "políticas'', poco tiempo después de que sentenciaran en el 2003 la inconstitucionalidad del plan Barrio Adentro, y ordenaran a su vez la salida inmediata del país de los médicos cubanos contratados por el gobierno de Chávez sin la reválida médica exigida por las leyes venezolanas.

La ejecución de la sentencia de la CIDH de restituir a los magistrados destituidos y elaborar una ley de protección a jueces, "afectaría principios y valores esenciales del orden constitucional de la República'', aseguraron los magistrados en la decisión del martes.

Adicionalmente, advirtieron los ponentes de la decisión, la aplicación de la sentencia de la CIDH "podría conllevar un caos institucional''.

La argumentación del TSJ indicó también que los países miembros del sistema deben acatar las decisiones de la Corte Interamericana "siempre y cuando no se viole la norma suprema de la Nación''.

"Es un desafío abierto a una corte internacional, en términos más políticos que jurídicos'', dijo a El Nuevo Herald el ex magistrado Perkins Rocha, uno de los afectados por la destitución en el 2003.

Rocha dijo que los propios magistrados del TSJ admitieron en la sentencia el trasfondo político del caso, cuando afirmaron que "la decisión de la Corte Interamericana está en contradicción con el proyecto político inserto en la Constitución venezolana de 1999''.

Según Rocha, "la Constitución de 1999 no habla de ningún proyecto político en particular, habla de democracia, de alternabilidad, pero nada más''.

Otro de los magistrados cuya restitución pidió la Corte de San José, Costa Rica, Juan Carlos Apitz, dijo el martes en Caracas que el fallo del TSJ "deja a Venezuela fuera de la OEA'', y aseguró que su contenido "se inspira en una sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar de Perú, de 1999, bajo el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori''.

Apitz puntualizó que "creemos que este es un plan bien orquestado por el presidente de la República (Hugo Chávez) para separar a Venezuela de la OEA y colocarnos como Cuba''.

El ex magistrado Rocha coincidió en señalar que el desconocimiento de la autoridad de la Corte de San José tiene dos intenciones: en primer lugar, evitar el impacto de nuevas condenas de esta corte interamericana, que se anunciarán en el 2009, entre ellos el caso de violaciones a los derechos humanos de periodistas de los canales Globovisión y RCTV, y las denuncias del general disidente Francisco Usón, ex ministro chavista que resultó encarcelado luego que denunció la muerte de soldados en una base militar del estado Zulia.

El segundo objetivo de la estrategia es la de crear un sistema regional de justicia paralelo, que estaría integrado además por Cuba, Ecuador, Bolivia y Argentina. "Los presidentes de las cortes o tribunales de justicia de estos países ya han sostenido reuniones para crear lo que ellos llaman un nuevo orden de justicia en el continente'', indicó Rocha.

ocasto@herald.com

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