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Uribe autoriza gestiones del Vaticano en liberación de rehenes

El presidente colombiano, Alvaro Uribe, dijo el lunes que su gobierno autorizará eventuales gestiones que la Iglesia Católica del país, e incluso el propio Vaticano, deseen o puedan hacer en la anunciada liberación de seis secuestrados en manos de las FARC.

"Si la Iglesia Católica, a nivel nacional, o incluso el Vaticano, la Secretaría de Estado del Vaticano o la persona o institución que designe su Santidad [el papa Benedicto XVI] puede ayudar para que se dé la liberación de los secuestrados, el Gobierno lo autoriza y le dará la bienvenida'', dijo Uribe a los periodistas en la casa de gobierno.

Uribe no respondió consultas de los reporteros, ni explicó si esa iniciativa de una posible gestión de la iglesia colombiana, el Vaticano, o alguien que designe el Papa, es la contrapropuesta del Gobierno a pedidos de la guerrilla de que en el operativo de liberación figure una personalidad internacional.

Monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, indicó que el anuncio presidencial los tomó por sorpresa porque desconocían de eventuales contactos entre el Gobierno y el Vaticano o que se estuviera manejando la posibilidad de una persona de la iglesia como parte de los delegados que reciban a los rehenes de manos de los guerrilleros.

"La sorpresa es que en este caso [de los seis secuestrados] no se había hablado de una intervención de nosotros [directivos de la Iglesia]... pero yo personalmente estoy dispuesto a colaborar y manifiesto mi más absoluta disponibilidad'', dijo Salazar en diálogo telefónico.

La Iglesia Católica cuenta desde hace más de un año con el visto bueno del Gobierno para hacer gestiones ante las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en busca de la liberación de rehenes, pero se desconoce públicamente si se han dado esos contactos.

Los rebeldes han pedido la participación de "alguna personalidad democrática de un país hermano o de la comunidad internacional'', que no especifican, una opción rechazada por el Gobierno alegando que en el pasado tales gestiones han provocado roces con gobiernos como el de Venezuela.

Las FARC anunciaron en un comunicado conocido el 21 de diciembre que liberarían, en una fecha y lugar a definir, al ex gobernador del sureño departamento de Meta, Alan Jara; al ex diputado regional del Valle del Cauca Sigifredo López, así como a tres policías y un militar, cuyas identidades no han revelado.

Jara está secuestrado desde julio del 2001 y López fue retenido en abril del 2002.

Los rebeldes dijeron que entregarían los retenidos a una comisión encabezada por la senadora Piedad Córdoba, del opositor Partido Liberal, y quien por meses ha trabajado en busca de la libertad de retenidos.

Córdoba ha dicho que aún no hay una fecha para las liberaciones y que trabaja con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que cuenta con la autorización del Gobierno, en los detalles del operativo. El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, divulgó un breve comunicado en el que accede a una petición hecha por Córdoba el viernes pasado, en el sentido de permitir al CICR con tratar, dentro o fuera de Colombia, los recursos que necesite para la operación de las liberaciones.

La senadora ha dicho que entre esos recursos están helicópteros, que lleven insignias del CICR, que recojan a los secuestrados en un punto de la selva que digan las FARC.

El tema del origen de los helicópteros, aunque no figura en los comunicados de las FARC, es visto como un punto clave en la confianza de los rebeldes para proceder a la liberación, puesto que naves con militares que fingían ser parte de una misión humanitaria fueron los que rescataron el 2 de julio a 15 rehenes en manos de la guerrilla.

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