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Cierran las puertas a inmigrantes en proceso de deportación

El gobierno de Estados Unidos les cerró las puertas a millones de inmigrantes en proceso de deportación, con una decisión a última hora del secretario de Justicia, Michael Mukasey, que les niega la posibilidad de reabrir sus casos argumentando errores y una mala representación de los abogados, un derecho que por décadas amparó a personas a punto de ser repatriadas.

La medida, que fue adoptada el miércoles por la noche, causó malestar y fuertes críticas entre los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes.

"Con menos de dos semanas antes de dejar el poder, esta administración (del presidente George W. Bush) aparentemente no resistió la tentación de darle una puñalada a los ya socavados principios constitucionales'', señaló la American Immigration Law Foundation (AILF), que representa a miles de abogados de inmigración en el país.

"La decisión del secretario (Mukasey) revierte décadas de precedentes legales que garantizaban un proceso justo a estas personas. AILF condena esta decisión de última hora, que es parte de una estrategia de la administración, no sólo de eliminar los derechos de un proceso legal justo, sino de aminorar la supervisión en las cortes de inmigración'', agregó la organización con sede en Washington, en un comunicado.

Uno de los argumentos de Mukasey es que las personas en proceso de deportación sólo tienen derecho a representación de un abogado privado, pero no tienen derecho a un abogado del gobierno.

El otro argumento es que, aunque bajo la Quinta Enmienda de la Constitución tienen la garantía de un proceso judicial justo, la disposición constitucional "no incluye el derecho de un abogado o la asistencia efectiva de un abogado''.

Por otro lado, el secretario Mukasey asegura que ni la Constitución, ni la Ley de Inmigración autorizan a las personas en proceso de deportación, a obtener ayuda por los errores que pudieran cometer sus abogados, mediante la reapertura y reconsideración de sus casos ante un juez.

Sin embargo, el funcionario indica que sólo en "casos extraordinarios y bajo discreción'', el Departamento de Justicia puede reabrir casos de deportación donde se demuestre que la deficiencia de un abogado afectó a la persona y provocó la orden de remoción.

"La única vía que tenían los inmigrantes de reabrir sus casos era argumentar las fallas cometidas por el abogado que los representó, pero muchas veces esto se prestaba a abusos en casos donde los abogados no habían cometido errores'', reconoció Jorge Rivera, abogado de inmigración en Miami.

Esta modificación, según Rivera, "les quita presión a los abogados, pero también elimina la oportunidad de los inmigrantes de rescatar sus casos cuando los abogados cometen graves fallas''. kerodriguez@elnuevoherald.com

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