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Cientos confían en el avance de una reforma migratoria este 2009

Cientos de activistas y organizaciones proinmigrantes confían en que en el 2009, con un nuevo gobierno en la Casa Blanca, podrá avanzar el proceso para hacer realidad la promesa de una reforma migratoria que resuelva la situación de más de 10 millones de indocumentados.

Estos grupos han interpretan como una buena señal el hecho de que el presidente electo Barack Obama haya nominado a varios hispanos en su gabinete.

Entre estos personajes están la representante Hilda Solís como secretaría de Trabajo, el gobernador Bill Richardson como secretario de Comercio y el senador Ken Salazar como secretario de Interior.

"Estos nombramientos reflejan el deseo de hacer un progreso significativo en la reforma migratoria... e indican que Obama y su administración quieren trabajar seriamente con el Congreso para aprobar una amplia reforma'', señaló Ali Noorani, director ejecutivo del National Immigration Forum, una organización con sede en Washington.

Para Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de la Raza, la organización hispana más grande del país, estas nominaciones representan "un nivel de diversidad y logro que será muy beneficioso para el país, al tiempo que enfrentamos los retos que tenemos por delante''.

Con respecto al nombramiento de la representante Solís, la primera mujer hispana en el gabinete de Obama, Murguía indicó que era un "nombramiento histórico'', porque al ser hija de inmigrantes ‘‘comprende en lo personal lo que es el Sueño Americano y sabe cómo los trabajadores se esfuerzan cada día por alcanzarlo''.

En la Florida, activistas como Cheryl Little, directora ejecutiva del Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC), aseguran que la mayoría de los electores de origen hispano seleccionó a Obama como su próximo presidente, basado en su interés por resolver los problemas de inmigración.

Además afirmó que sólo a través de una reforma, "el Departamento de Seguridad Territorial tendrá más recursos para atrapar a los verdaderos terroristas, en lugar de malgastar dinero en la construcción de muros inefectivos en la frontera, y en arrestar a inmigrantes que no representan peligro para la nación''.

La reforma representa para los activistas, legisladores y líderes comunitarios que la apoyan, el único camino para resolver el problema de los 12 millones de indocumentados que residen en el país y que viven en las penumbras.

Los que apoyan la reforma abogan por un proceso ordenado que legalice únicamente a aquellos inmigrantes que cumplan ciertos requisitos como por ejemplo, haber demostrado buena conducta y carácter moral, no tener antecedentes criminales, que sean trabajadores, que hayan pagado sus impuestos y que tengan raíces en el país.

Los que se oponen argumentan que estas personas se quedaron en Estados Unidos violando las leyes de inmigración y que una legalización estimularía a otros a hacer lo mismo.

Según los analistas, hay razones económicas y de seguridad poderosas, por las que Estados Unidos debería resolver el problema de los indocumentados que están en suelo norteamericano, y a futuro crear fuertes medidas para evitar que la misma situación se vuelva a repetir.

"La dinámica legal y económica del país ha creado un sistema de inmigración disfuncional'', dijo Frank Sharry, director de America's Voice, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

"El sentido común indica que es necesaria una reforma para solucionar los problemas de inmigración y laborales en un mercado globalizado'', agregó.

Por otro lado, Sharry criticó las masivas redadas y deportaciones que se han multiplicado durante la administración del presidente George W. Bush.

"Estas redadas han dejado un gran saldo de sufrimiento humano, dejando a una cantidad de niños huérfanos'', recalcó Sharry, quien informó que por cada tres adultos deportados, un niño de origen mexicano se queda en Estados Unidos, citando un estudio de un periódico de México.

Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes esperan que con la nueva administración "cesen las redadas y se apliquen políticas humanitarias'', dijo Arnoldo García, director del NNIRR's Immigrant Justice and Rights Program.

Tras el monitoreo de casos de arresto, detención y deportación el NNIRR (The National Network for Immigrant and Refugee Rights) concluyó que el Departamento de Seguridad Territorial (DHS), ‘‘rutinariamente viola e ignora los procesos judiciales y derechos de las personas... durante las redadas usa extrema fuerza, incluyendo abuso físico y mental''.

En su defensa, voceros del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami, han negado las irregularidades y violaciones que se les atribuyen cuando realizan operativos de redadas.

Algunas de las peticiones que los grupos de defensa de los inmigrantes le han hecho al presidente Obama son:

* Cese de las redadas que afectan las economías locales y perseguir a los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores ilegales.

* Revocar la ley "no match'' que obliga a los empleadores a despedir a los trabajadores cuya información no coincida con la que aparece en la tarjeta de seguro social.

Basan esta petición en los supuestos errores que los activistas pro inmigrantes atribuyen a la Administración de Seguridad Social (SSA), por los que algunos empleados legítimos podrían perder sus puestos de trabajo.

* Suspender las deportaciones a Haití.

* Presionar al Congreso para que apruebe reformas que tienen apoyo, tales como la ey DREAM, que ayudaría a jóvenes estudiantes indocumentados legalizar su estadía en el país.

La otra es la Ley AgJOBS que proporcionaría mano de obra legal para trabajar en los cultivos y cosechas en suelo estadounidense.

kerodriguez@elnuevoherald.com

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