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Estado refuta demanda de violación contra menores

Un muchacho que asaltó sexualmente a su hermana repetidas veces y amenazó a su familia con un cuchillo fue declarado depredador sexual antes de cumplir los 12 años.

Otro fue expulsado de un programa de abuso sexual cuando los psicólogos descubrieron que acosaba a víctimas de menor edad.

En 1997, los administradores de bienestar infantil enviaron a ambos muchachos a una casa de custodia estatal en el condado Broward. Ocho menores que residían ahí, alegaron después que los dos muchachos los violaron.

Entre las ocho víctimas están A.P., ahora de 18 años, y R.M., ahora de 15. Han pasado 10 años desde que las autoridades cerraron el hogar y sacaron a los dos muchachos, que ahora presentan graves problemas de salud mental. Las víctimas le han pedido al estado compensación por los repetidos abusos sexuales.

En lugar de eso, el estado se ha gastado como mínimo $1.6 millones en gastos legales para impugnar las demandas.

En el 2002, los abogados de ambos muchachos y de otros seis presentaron demandas por violación de sus derechos civiles contra los 30 administradores de bienestar infantil que supervisaron el hogar de custodia estatal en Lauderdale Lakes. La demanda acusa al Departamento de Niños y Familias (DCF) de ignorar los peligros que enfrentaban los menores.

En la actualidad quedan ocho acusados. Seis de los menores han aceptado acuerdos del estado por un total de $2.7 millones. Solamente A.P. y R.M. no han llegado a un acuerdo.

El abogado de los jóvenes, Howard Talenfeld, dijo en un correo electrónico reciente que la continua batalla del estado con los muchachos sólo ha servido para "privar a los menores de la justicia y el cierre que merecen, y de la ayuda que necesitan''.

Talenfeld, veterano defensor de los menores que en una ocasión representó al DCF, no es el único abogado en la Florida que se siente frustrado ante la respuesta lenta e inflexible del estado a las demandas presentadas por menores bajo custodia estatal que denuncian que les causaron daño.

A principios de este mes, el secretario del DCF, George Sheldon, asignó a dos abogados para que modifique la manera en que la agencia responde a estas demandas de abuso.

El abuso a los menores bajo custodia estatal "está costando millones de dólares al estado, no sólo en gastos para ayudar a los menores a recuperarse de. . . los daños, sino en pagos legales para defender casos que en ocasiones son indefendibles'', escribió Sheldon en un memorándum fechado el 10 de noviembre.

Pero la agencia no está a cargo de las demandas por negligencia. Esto le corresponde al programa de administración de riesgos del estado, supervisado por la directora estatal de Finanzas, Alex Sink.

"En lo que concierne a los empleados individuales del estado, estamos en la obligación de pagar por sus abogados'', dijo Tara Klimek, portavoz de Sink. "No tenemos control alguno sobre los actos de dichos abogados''.

cmarbin@MiamiHerald.com

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