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Advierten sobre penas de cárcel a indocumentados

Los inmigrantes indocumentados que regresen a Estados Unidos después de haber sido deportados por las autoridades de inmigración, corren el riesgo de ir a la cárcel por un máximo de cinco años si vuelven a ser detenidos.

"Las personas que regresan después de haber sido deportadas del país, deben saber que están cometiendo un crimel federal y esto les puede ocasionar arresto, detención y encarcelamiento'', dijo Nicole Navas, portavoz del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami.

La vocera insistió en la medida, después de revelar los casos recientes de dos indocumentados de origen mexicano que se declararon culpables en el condado de Palm Beach, por haber reingresado ilegalmente al país.

Enrique Espino Hernández, de 37 años, fue deportado por primera vez en mayo del 2008, después de haber sido convicto por posesión de cocaína, un delito de tercer grado.

En el segundo caso, Fausto Jaimes Santibáñez, de 46 años, tiene también otros cargos y una condena más larga: un máximo de 10 años por posesión de armas estando indocumentado en el país y de haber participado en una balacera; dos años por haber reingresado al país y tres años por haber dado falso testimonio a las autoridades de inmigración.

Aunque esta medida no es nueva, el ICE simplemente quiere "recordar'' a la comunidad sobre las consecuencias del reingreso, ahora que la agencia está haciendo esfuerzos por impedir la entrada de indocumentados con el reforzamiento de las leyes existentes en la materia.

"Entrar a los Estados Unidos después de haber sido deportado es un crimen serio... continuaremos trabajando con nuestros socios a nivel local y estatal, para identificar y enjuiciar a las personas que han sido previamente deportadas y han vuelto a entrar de manera ilegal'', indicó Anthony V. Mangioni, agente encargado de la Oficina de Investigaciones de ICE en Miami.

Por su parte, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de la Florida, R. Alexander Acosta, reafirmó el compromiso de las autoridades judiciales de "ejecutar las órdenes expedidas contra aquellos individuos que han violando las leyes de inmigración de Estados Unidos''.

Los esfuerzos de deportación de indocumentados que este año sumaron más de 300,000, una cifra récord, han causado malestar entre las organizaciones proinmigrantes que están exigendo la aprobación de una reforma migratoria.

Los activistas se oponen a las deportaciones cuando se trata de trabajadores y padres o madres de familia que no tienen antecedentes criminales.

De allí el pedido de moratoria a las redadas que múltiples organizaciones han solicitado a la administración actual, y que también han hecho al presidente electo Barack Obama.

La reforma que los grupos proinmigrantes plantean contemplaría la legalización de unos 12 millones de indocumentados que residen en el país, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y no hayan cometido nigún acto criminal.

Pero esta propuesta es considerada como una "amnistía'' por los grupos antiinmigrantes, que se oponen a cualquier tipo de legalización de los indocumentados que viven en el país.

kerodriguez@elnuevoherald.com

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