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Electores podrían decidir sobre "superexención"

Tras cerrar la Legislatura estatal sus sesiones por esta semana y por ser una reforma de los impuestos a la propiedad en estos momentos muy poco posible, los electores pudieran ser llamados a decidir sobre la ''superexención'' aprobada en la sesión del verano e impugnada por un juez que la consideró inconstitucional.

Sorpresivamente en la tarde de ayer, el Tribunal Supremo de la Florida aceptó estudiar la apelación de la Legislatura a la decisión del juez del condado León que en septiembre pasado sacó el texto de la superexención de la boleta porque no advertía a los electores que una duplicación en la exención a las residencias primarias acababa con el programa Save Our Homes, el cual pone un límite del 3 por ciento en el crecimiento del valor de las propiedades.

Así, al aceptar la apelación, el Tribunal Supremo abrió una salida al impasse, pues lo más probable es que la decisión de esta corte venga en un plazo de tres meses, según observadores.

''Veremos esto desde un nuevo ángulo y con una mirada fresca cuando lleguemos al 20 de noviembre [la fecha tope para imprimir la boleta]. Pero si tuviéramos que decidir ahora, estaríamos certificando el lenguaje original de la boleta'', dijo Sterling Ivey, el portavoz de la Secretaría de Estado de la Florida.

Es decir, una vez que el Tribunal Supremo aceptó estudiar la apelación y su decisión pudiera producirse después de las elecciones del 29 de enero [cuando los votantes decidirían sobre la superexención], el 20 de noviembre la Secretaría de Estado autorizaría a los supervisores de elecciones de los 67 condados de la Florida a poner en la boleta el lenguaje inicial que el juez de León impugnó.

Esto es posible porque haber aceptado la apelación implicó la suspensión inmediata de la decisión del juez.

A la vez, como los argumentos orales están marcados para el 6 de diciembre, apenas dos semanas después del 20 de noviembre, los electores votarían sobre la ''superexención'' en espera de una decisión del Tribunal Supremo del estado, y en caso de que su fallo sea cuestionado, el caso iría a la más alta corte de la nación. Los jueces de las dos instancias no tienen un plazo fijo para emitir sus veredictos.

Este detalle vino a dar cierto colorido al deslucido proceso de reforma de los impuestos, que se encuentra prácticamente estancado en la Legislatura.

En dos comunicados ayer, los líderes del Senado y la Cámara de Representantes anunciaron la clausura de las sesiones y pautaron tentativamente una reunión para el próximo lunes, el último día para reformar los impuestos a la propiedad si quieren que el tema sea presentado a los votantes el 29 de enero.

''Después de consultar con el líder de la mayoría, [Daniel] Webster, y el de la minoría, [Steven] Geller, no tenemos intención de reunirnos esta semana en una sesión especial. Tampoco hemos determinado si el Senado volverá a reunirse; sin embargo, si ocurre, será el lunes por la mañana'', dijo Ken Pruitt, el presidente del Senado.

El líder de la Cámara, Marco Rubio, manifestó que la entidad se reunirá de todos modos el lunes, pero admitió que es difícil una solución, ya que ``las divergencias son profundas''.

''Este es un asunto complejo que hay que encarar con mucho cuidado'', enfatizó Rubio al señalar su confianza en que Pruitt también quiere reformar los impuestos a la propiedad, por lo cual ``es importante dar a los miembros del Senado todo el tiempo que necesiten para estudiar la legislación que se les envió el lunes''.

El Senado, que declinó reescribir el texto de la superexención rechazada por el juez, aprobó la semana pasada, por estrecho margen, un plan que da a los propietarios un alivio impositivo de $9,700 millones en cuatro años.

La Cámara, por su parte, presentó su versión, que incluye una exención de $11,000 millones.

En su carta, Pruitt no dejó de señalar que si siguen ''con el paquete de reforma y reducción de los impuestos [a la propiedad]'', él cree ``que es importante incluir los principios básicos de esta sesión especial, o sea, primero debemos reducir los impuestos a la propiedad de los floridanos y, segundo, disminuir el impacto en la educación, para finalmente tener una propuesta que sea entendida y aceptada por los electores de la Florida''.

rferreira@elnuevoherald.com

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