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En venta zona de fallido proyecto comercial

DONNA E. NATALE PLANAS / The Miami Herald

EL EDIFICIO de la Zona de Libre Comercio de Wynwood, en 2235 NW 5 Ave., cuya construcción se pagó con dinero del contribuyente, está en un estado de total abandono.

[SOURCE=]ANDRES VIGLUCCI / The Miami Herald

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cubierto de graffiti, y carente ya de todo valioso, pues todo se lo han robado.

Eso es todo lo que queda de la Wynwood Foreign Trade Zone (FTZ), un proyecto comercial cuyos patrocinadores en otra época dijeron suministraría 3,000 empleos a esa comunidad con dificultades. Nunca empezó a funcionar, anulado por 17 años de rivalidades y una serie de demandas llenas de reclamaciones de discriminación étnica.

Ahora el arruinado grupo sin fines de lucro que está detrás de la FTZ podría recibir

millones de dólares de un proyecto que según cualquier criterio ha sido un fracaso rotundo.

Arruinada, debiendo más de $2 millones en impuestos retrasados, y sin poder pagar ni siquiera un guardia para que cuide la propiedad, la Wynwood Community Economic

Development Corp. (WCEDC) ha puesto el edificio a la venta.

Ahora que el valor de las propiedades ha aumentado en Wynwood, la propiedad, llena de hierbas malas y cubierta de basura, que valía unos $3.5 millones cuando el municipio de Miami accedió a donarla a la WCEDC en 1989, ahora vale mucho más. Nueve entidades han tratado de comprarla, y se está gestionando un contrato con una de ellas, según dice el

agente que está mediando la venta.

Se cree que el precio de venta será de unos $16 millones, según dice un funcionario de la ciudad. La mayor parte de eso será para la WCEDC, sujeta a la aprobación de un juez federal de bancarrota.

La ciudad recibirá una porción menor, probablemente bastante menos que el valor del terreno donado y de un préstamo federal de $5.5 millones que ayudó a financiar la construcción de los edificios de la FTZ.

Eso es consecuencia del fallo de un juez de circuito que concluyó que la ciudad había

obstruido el proyecto incumpliendo unos acuerdos con la WCEDC. La decisión del juez le dio a dicha entidad el título de propiedad y dictó que el grupo no tenía que pagar el préstamo federal.

La WCEDC, esencialmente durmiente desde hace años, dice que todavía no sabe qué hará con el dinero. Por ley federal, los fondos deben reinvertirse en la comunidad, pero la

organización no tiene planes por el momento.

''Estoy cansado. Esto ha tenido su efecto'', dijo William Ríos, el director ejecutivo,

que dice que la organización no le ha pagado sueldo desde hace 12 años. ``Si la cifra es de $5 millones, podemos hacer muchas cosas, pero sería prematuro decir nada hasta que todo se presente ante un juez.

``El asunto es que ha llegado un nuevo día y seguiremos adelante. Tenemos que idear algo que genere algunos ingresos por concepto de desarrollo'.

También los funcionarios de la ciudad esperan poder cerrar ya los libros en una gestión que no salió bien.

Si todo sale bien ahora, la venta saldará varias reclamaciones y deudas, incluyendo impuestos atrasados y un reembolso parcial para la ciudad, que ha estado pagando los $5.5 millones del préstamos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

''La condición de esa propiedad es terrible'', dijo el abogado municipal adjunto Henry

Hunnefeld. ``La ciudad quiere hacer algo con ella. Si entra a figurar alguien que le imparta energía al lugar no se puede perder nada''.

No se sabe con claridad qué es lo que quisieran hacer compradores en perspectiva con la propiedad, que está zonificada para uso industrial. La ciudad no puede determinar cómo se usará, a no ser que se trate de determinaciones rutinarias de zonificación.

Hunnefeld dice que si el precio de venta es de $16 millones, la ciudad podría recibir

$1.5 millones según el acuerdo propuesto. La WCEDC recibiría hasta $8 millones después de liquidar los atrasos de impuestos y pagarle a un ex acreedor, Robert Stock, que controla 30 por ciento de la propiedad.

Los activistas que han seguido los enredos cuestionan que la proyectada venta vaya a

beneficiar al público,

''Con esta venta no hay promesas concretas que podrían satisfacer intereses comunitarios como salarios de empleos, viviendas asequibles, capacitación laboral, etc.'', dijo Sushma Sheth, directora de campaña del Centro de Trabajadores de Miami, en una declaración escrita.

``Una vez más, la comunidad de Wynwood y del Gran Miami ha sido dejada fuera de

decisiones que impactan nuestras vidas. En vez de la asociación privada de tierras lo que realmente necesitamos es tener el control comunitario sobre los proyectos de urbanización''.

Todo comenzó en 1989 con una gran promesa, cuando la comisión de la ciudad accedió a donar el terreno vacío al WCEDC. Cuando dos años después el grupo aseguró una licencia del gobierno federal de la zona de libre comercio --esencialmente un área donde los artículos se almacenan, se envían o se ensamblan libres de tarifas-- se consideró como una jugada maestra.

Pero desde el inicio hubo dificultades.

Pronto, comenzaron los enfrentamientos entre la ciudad y el WCEDC. Funcionarios de la ciudad se quejaron del salario de Ríos, que en un momento dado, sobrepasó los $100,000, y se alegó que el grupo estaba malgastando el dinero. La ciudad canceló una donación federal de $5 millones cuando el WCEDC rechazó las demandas de poner a los comisionados en su junta y devolver el control de la tierra a la ciudad.

Ríos se quejó de discriminación, afirmando que los funcionarios de la ciudad estaban discriminando al grupo --cuyo liderazgo estaba integrado por puertorriqueños en su gran mayoría--, con inspecciones y requirimientos inusualmente estrictos, reclamaciones que funcionarios del HUD confirmaron en un crítico memorando interno de 1995.

Al mismo tiempo, un competidor privado --la Zona Libre de Miami-- presentó una demanda para que la licencia del grupo de Wynwood fuera revocada, argumentando que la competencia era injusta. Con el tiempo, el grupo de Wynwood prevaleció, pero años de disputas legales hicieron que las demoras crecieran.

Para satisfacer una demanda presentada por el WCEDC y sus asociados, la ciudad accedió en 1995 a buscar $10 millones en préstamos federales de bajos costos para financiar la construcción, pero sólo le dio al grupo $5.5 millones.

Sin embargo, eso no era suficiente para terminar el complejo de la zona de libre

comercio, dijo el WCEDC. No obstante, ignorando los consejos de los abogados, los comisionados de la ciudad se negaron a desembolsar el balance, según documentos de la corte. Fue entonces que la ciudad trató de rematar en un juicio hipotecario la propiedad.

En 1999, la zona atrajo a un inquilino, una compañía propiedad de los urbanistas, y, por un breve período, a una firma japonesa. En el 2002, el WCEDC sacó a los urbanistas del edificio, y el proyecto quedó esencialmente muerto.

De nuevo, el WCEDC demandó, diciendo que la ciudad no había cumplido sus promesas. La jueza de circuito del condado Miami-Dade Jennifer Bailey estuvo de acuerdo. En el 2005,

Bailey llegó a la conclusión de que la ciudad tenía gran parte de la culpa del fracaso del proyecto.

''No hay nada que justifique la actitud de la ciudad'', escribió la jueza. ``Este

resultado se pudo haber evitado'', agregó.

La propiedad se convirtió en un vertedero ilegal y un sitio lleno de vagabundos, dijo la policía. Poco después, el municipio la declaró insegura.

En una entrevista, Ríos insistió que la zona de comercio pudo haber cumplido su promesa.

''Nadie dijo nunca que el proyecto no era una estupenda idea'', expresó Ríos. ``El problema era que todo el mundo quería un pedazo''.

El reportero de The Miami Herald Scott Hiaasen contribuyó a este reportaje.

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