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La administración de Bush presiona a empresarios en materia de migración

WASHINGTON, D.C. — En un último esfuerzo por endurecer la vigilancia migratoria, la administración de Bush intentará nuevamente instituir el sistema que obliga a los empleadores a despedir a los trabajadores que tengan discrepancias en sus datos de Seguridad Social.

El Secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, declaró el pasado jueves que solicitará a un juez federal la suspensión de la orden judicial que impidió la entrada en vigor del reglamento de "no coincidencia," misma que fue dictada cuando los opositores del reglamento, que van desde la Unión Americana de Derechos Civiles hasta la Cámara Nacional de Comercio de los Estados Unidos, interpusieron una demanda civil para impedir que éste surtiera efecto el año pasado.

Esa medida, que afectaría a millones de trabajadores – ciudadanos e inmigrantes por igual – sigue encontrando feroz resistencia entre los empresarios y los grupos defensores de la inmigración y los derechos civiles.

En su informe anual sobre vigilancia fronteriza e inmigración ilegal, Chertoff afirmó estar consciente de que seguirá habiendo oposición al reglamento, pero declaró que la institución a su cargo ya resolvió los puntos que se argumentaron en contra del mismo en la demanda civil.Según el reglamento, las empresas serían sancionadas si no responden debidamente cuando la Administración de Seguridad Social les avise que la información de sus trabajadores no coincide con los datos archivados en el gobierno, lo que se relaciona frecuentemente con la inmigración ilegal, aunque en muchos casos se debe a meras incongruencias de datos o a errores humanos.

El reglamento de no coincidencia sería parte de la extensa campaña de la administración de Bush contra la inmigración ilegal, misma que incluye las controvertidas redadas masivas en lugares de trabajo y la obligatoriedad, por parte de los contratistas federales, de verificar que todos sus empleados estén legalmente autorizados para trabajar.

A menos de tres meses de la llegada de una nueva administración federal, Chertoff aprovechó su informe anual para intentar forjar un legado para sí y para su joven dependencia gubernamental, que fue creada en 2003. Chertoff afirmó que Seguridad Nacional ha logrado avances sin precedentes en la tarea de reducir el número de inmigrantes que cruzan la frontera.

"Por primera vez en los muchos años de que se tenga memoria, los esfuerzos que realizamos en la frontera han empezado a revertir el fenómeno de la inmigración ilegal," aseguró Chertoff, citando el ingreso de una cantidad estable e incluso menor de inmigrantes, una vigilancia más agresiva en los lugares de trabajo y mejoras en infraestructura y personal en la frontera.

"Mucho de nuestros logros han sido cosas que la gente consideraba imposibles," se ufanó Chertoff. "En cinco años hemos hecho más que en las décadas anteriores."

El director de Seguridad Nacional declaró que la próxima administración deberá sostener el nivel actual de vigilancia fronteriza, e instó al Congreso a retomar el controvertido asunto de la reforma migratoria integral, misma que los legisladores abandonaron cuando los esfuerzos de reforma fracasaron el año pasado.

Chertoff aseguró que gracias a la represión migratoria, se empezará a ver la reforma migratoria desde una perspectiva más favorable."Dentro de poco, los estadounidenses dirán, 'Muy bien, creo que es hora de permitir la entrada de más inmigrantes legales,'" apuntó. "Tarde o temprano, tendremos que acudir nuevamente al Congreso y solicitarle una reforma migratoria integral."

Según el reglamento de no coincidencia, los patrones deben darle al trabajador 90 días de plazo para aclarar cualquier discrepancia encontrada en sus datos de Seguridad Social -por ejemplo, diferencias en nombre o números- cuando estos no coincidan con los archivos del gobierno. Si la discrepancia no es aclarada, la empresa debe despedir al trabajador o correr el riesgo de enfrentar cargos federales.

Como parte del mandato judicial de restricción del año pasado, se le ordenó a Seguridad Nacional que revisara el posible impacto del reglamento en la pequeña y mediana empresa, pues según se estimó, a las pequeñas empresas de mayor tamaño les costaría hasta $36,624 anuales cumplir el reglamento, y eso sin incluir los costos de liquidación y sustitución de sus empleados.

Algunos propietarios de negocios se alarmaron ante la declaración del jueves.

"La gente de por aquí no acepta los trabajos manuales más duros," asegura Jim Wilson, propietario de un vivero en los suburbios de Minneapolis."El gobierno piensa que si pagamos lo suficiente podremos conseguir trabajadores (estadounidenses)," se queja Sheridan Bailey, dueño de una empresa de estructuras metálicas de Arizona, cuyos salarios aumentaron de $15.43/hora en 2006, a $22 el presente año. "No importa cuánto paguemos; no se le pueden pedir peras al olmo cuando no se dispone de trabajadores."

Chertoff no está de acuerdo. "El afán de lucro no justifica la infracción del reglamento," afirma.

Por su parte, Bailey dice que su objetivo no es lucrar, sino sobrevivir. "La mano de obra es indispensable; sin trabajadores no tenemos nada qué hacer," concluyó.

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