La última controversia electoral de la Florida se inició de la manera más nimia: una charla de cinco minutos hace un año entre el gobernador Rick Scott y su máximo funcionario electoral.
En ese momento, alrededor de febrero del 2011, el recién elegido gobernador estaba recorriendo la oficina dirigida por el entonces secretario del estado, Kurt Browning, quien puso una presentación acerca de las listas de votantes de la Florida y cuestiones electorales para el recién llegado político.
Fue entonces cuando Scott —un republicano que hizo campaña como un político de línea dura en inmigración— hizo una sencilla pregunta: ¿Cómo sabemos que todos los que están en las listas son ciudadanos de EE.UU.?
“Dije que era un sistema de honor”, recuerda Browning. “Así es como siempre se ha hecho”.
“La gente no siempre dice la verdad”, recuerda Browning que Scott dijo.
Así que Browning decidió averiguar cuántas personas no ciudadanas había realmente en las listas.
Ahora, más de un año más tarde, la gestión que se derivó de aquella charla ha producido tres demandas federales, sospechas generalizadas y un partidismo amargo que recuerda las recriminaciones de la polémica elección del 2000 en la Florida, que aún ronda al estado en la actualidad.
La demanda más reciente fue presentada el martes por el Departamento de Justicia de EEUU, que afirma que el programa de depuración de la Florida viola dos leyes electorales federales. La Florida niega los cargos.
Para los miembros de la izquierda política, la depuración de votantes parece un esfuerzo concertado por los republicanos para obtener una ventaja en las urnas. Pero en las palabras y los hechos de Browning, de Scott y de los funcionarios electorales de la Florida, la depuración se parece a un programa mal manejado que se convirtió en inesperadamente polémico para una administración llena de nuevos políticos.
Browning fue uno de los pocos funcionarios veteranos de la Florida en el equipo de dirección de Scott. Se desempeñó durante 26 años como supervisor de elecciones del condado de Pasco. Luego se convirtió en secretario del estado de la Florida y supervisó dos elecciones importantes, en el 2006 y el 2008, sin mucha controversia —algo raro en la Florida—, antes de que Scott lo llamara de nuevo a Tallahassee.
En Washington, la administración del presidente Obama tuvo sospechas sobre las gestiones de Scott para detectar a los no ciudadanos y eliminarlos de las listas. La petición llegó alrededor del mismo momento en que Scott firmó una ley que toma medidas enérgicas contra las campañas de inscripción de votantes y elimina la votación temprana el domingo antes del día de las elecciones.
Como parte de su programa para eliminar de las listas a quienes no seanciudadanos, la Florida quería que el Dpartamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos (DHS) le diera acceso al estado a una gigantesca base de datos de inmigración llamada SAVE. El Federal wanted the U.S. Department of Homeland Security to give the state access to a mammoth immigration database called SAVE. El DHS se ha negado desde octubre del 2011.
La división de elecciones de Browning se basó entonces en otra agencia estatal, el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados, que tenía una información limitada y en ocasiones obsoleta sobre la ciudadanía que conllevaba un alto riesgo de hacer aparecer a votantes legales como no ciudadanos.
La primera lista dio por resultado 182,000 no ciudadanos potenciales en las listas de votantes.
Después de más esfuerzos y reorganización, la división de elecciones produjo una segunda lista de cerca de 25,000 votantes potenciales.
Las cifras eran altas. Demasiado altas para Browning.
Browning conocía las dificultades programáticas, políticas y jurídicas del programa de depuración de votantes no ciudadanos. Sabía que las listas de votantes —al igual que cualquier gran base de datos— tienen errores. Y la comparación de las listas con otra base de datos puede agravar esos errores.
Así que si el Estado enviaba a los supervisores electorales una lista que no hubiera sido lo suficientemente examinada, eso causaría un gran revuelo.
Y como la gestión sobre los no ciudadanos, por definición, tomaba como objetivo a los inmigrantes, afectaría de forma desproporcionada a los hispanos y a los haitianos. De hecho, alrededor del 87 por ciento de las 2,700 personas de la lista pertenecen a minorías.
Por último, los funcionarios de primera línea a cargo de las listas de votación de cada condado —los 67 supervisores electorales, la gran mayoría de ellos elegidos— se resistían.
Browning se negó a dar a conocer la lista.
“Decidí conscientemente ponerla en circulación”, dijo Browning. “No me sentía cómodo echando a rodar esta iniciativa. Algo me decía que esto no va iba a funcionar”.
Browning lo llamó su “sentido de Spider-Man”, y dijo que no estaba preocupado sólo con las cifras, sino con la forma en que se obtuvieron. Su agencia no estaba haciendo la comprobación. En su lugar, envió nombres a la Seguridad de Carreteras, que realizó los controles.
“No estábamos obteniendo datos de primera mano”, dijo. “Yo quería que tuviéramos una certeza del 99.9 por ciento. Quería asegurarme de que los datos eran buenos si salían con mi nombre”.
Browning dijo que había una buena probabilidad de los nombres nunca fueran dados a conocer. No era un “tema de primera plana. Rick Scott no me ordenó que hiciera esto”.
Todo esto pareció cambiar por casualidad en febrero.
Browning iba a salir del cargo. Al mismo tiempo, un reportero de televisión local de NBC2, en Fort Myers, decidió comparar las listas de votantes del condado de Lee con una lista de personas que fueron eximidos de prestar servicio como jurados después que dijeron que no eran ciudadanos. NBC2 informó del hallazgo de cerca de 100 no ciudadanos en las listas. El supervisor de elecciones locales ha encontrado más de 40.
Los republicanos, preocupados desde largo tiempo de que hubiera votantes falsos en las listas, comenzaron a preguntarse lo que el estado estaba haciendo acerca de los votantes que no son ciudadanos. Scott y el sucesor de Browning, el secretario del estado, Ken Detzner, se sintieron presionados para dar a conocer la lista, lo que el estado hizo en abril, dijo Browning.
“Yo no habría enviado a la lista a los condados”, dijo Browning, quien añadió que “no podía desconfiar del secretario Detzner, porque yo no estaba allí”.
La administración de Scott pensó que los ciudadanos legítimos que figuran como no ciudadanos potenciales no estaban realmente en peligro de que les retiraran sus derechos de votación. Después de todo, tendrían hasta 60 días para demostrar su ciudadanía y permanecer en las listas. Y aunque fueran retirados, podrían ser reintegrados con bastante facilidad, o incluso emitir votos provisionales en el día de las elecciones, en el peor de los casos.
Así, en abril, después de revisar y volver a comprobar la lista, el estado envió a los supervisores un lote de cerca de 2,700 nombres.
Contenía el alto nivel de falsos positivos que Browning temía.
Hasta ahora, más de 500 personas en la lista han sido identificadas como ciudadanos verdaderos. Más de 140 han sido identificadas como no ciudadanos, y alrededor de 50 es posible que hayan votado ilegalmente, dijo Scott el lunes.
Cuando se le preguntó sobre la versión de los sucesos dada por Browning y por qué el estado decidió dar a conocer la lista cuando lo hizo, Scott no respondió.
“En lo que me estoy enfocando, es en cerciorarnos de que el voto de ningún ciudadano de Estados Unidos —de ningún ciudadano de la Florida— sea diluido por los no ciudadanos”, dijo Scott el martes.
"El debate es acerca de si por ahí andan personas que no son ciudadanos estadounidenses y se inscribieron para votar. Lo han hecho”, dijo Scott. “No hay debate acerca de si han votado. Lo han hecho. No hay debate acerca de si pueden afectar las elecciones. Sí pueden”.
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