La Corte Suprema de los EE.UU. debe revocar cuatro provisiones preocupantes de Arizona contra la inmigración ilegal. Entran en conflicto con las leyes federales y no deben convertirse en modelos para los estados que lidian con la inmigración ilegal.
El gobierno federal tiene la autoridad exclusiva sobre la ejecución de la inmigración. Uno puede discutir la eficacia de los esfuerzos federales pero la ley de inmigración de Arizona del 2010 fue un intento obstinado de reemplazar la ley federal.
La novena Tribunal de Circuito de Apelaciones bloqueo las principales disposiciones de la ley, incluida el cuestionar a las personas sobre su estatus migratorio, pedir documentación y detener a los que no la tienen. Los argumentos de que esto podría conducir a la discriminación racial son convincentes. El estatus migratorio de las personas detenidas también tendría que ser determinada antes de que pudieran ser libertados.
La corte de apelaciones bloqueó otras provisiones odiosas, como lo que es un crimen de estado para los inmigrantes ilegales para tratar de encontrar trabajo y permite a la policía para realizar arrestos sin orden judicial si tienen causa probable para sospechar delitos cometidos por personas que podrían hacerlos deportable bajo la ley federal.
Colocación de la carga de la ley de inmigración de la policía local es poco práctico y costoso. Relaciones duramente ganada entre la policía y las comunidades de inmigrantes se vería perjudicada si la ley de Arizona se convierte en un modelo para otros estados.
La Corte Suprema debe rechazar la ley de Arizona.